360 Radio entrevistó al precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza, para hablar de temas relacionados con la economía del país, la corrupción, la descentralización de las regiones, la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, entre otros.
Por: Redacción 360 Radio
360 Radio Colombia: Estamos a poco tiempo de elegir al próximo presidente de nuestro país y que mejor que ir conociendo de una vez las posturas, las propuestas, las ideas de quienes aspiran a la primera magistratura de la Nación. Para empezar, con una base tan esencial pero a la vez tan necesaria, ¿para usted hoy de qué carece Colombia?
Rafael Nieto: Estamos viviendo una situación sumamente complicada porque por todos los frentes que se aborde estamos mal. Estados Unidos está presionando sobre un cambio de política interna en materia de narcotráfico. Estamos en la búsqueda de corregir parte del contenido del pacto con las Farc y tenemos una cubanización acelerada en un país con el cual tenemos 2.200 kilómetros de frontera que es Venezuela.
Mire usted los asuntos de seguridad: 188.000 hectáreas de coca al 31 de diciembre de 2016, nunca habíamos tenido tanta coca. Tres veces más que lo que alcanzamos a tener durante la administración del presidente Uribe. Se produce tanta coca en Colombia que la de los mercados externos ya son insuficientes. ¿Qué están haciendo esos productores con la coca que no se está colocando afuera? Buscando mercados internos a través del microtráfico.
El panorama de la sociedad interna colombiana está fracturada profundamente. Casi uno puede decir que hay una división entre distintos sectores sociales, entre quienes nunca hemos delinquido y tendríamos que estar todos de acuerdo en lo fundamental y no lo estamos. Tenemos una altísima corrupción como nunca en nuestra historia, que hoy además abarca desde los partidos políticos y del legislativo a los funcionarios de la rama ejecutiva y hoy a los jueces, magistrados, y a miembros de la Fiscalía.
La economía ha tenido un crecimiento raquítico, un endeudamiento que alcanza sus límites, un sector privado asfixiado por los impuestos, una clase baja y una clase media-baja que no tiene ya capacidad de ahorro y lo perdió todo y que además perdió parte en su capacidad de consumo por vía del aumento del IVA tres puntos. No es que vayamos a encontrar en el próximo gobierno una olla raspada, es que la olla está desfondada.
360: En cuanto a la reforma tributaria, ¿cuál es la responsabilidad del ministro Mauricio Cárdenas?
R.N.: Una muy alta por distintas razones. La primera porque nos prometió una reforma tributaria integral con una simplificación del régimen tributario y que nos dejara a salvo de nuevas cargas impositivas durante muchos años y eso no ocurrió ni va a ocurrir.
Hay una responsabilidad de Cárdenas y del presidente Santos, que por tratar de no afectar la dinámica del plebiscito aplazaron tanto como les fue posible la reforma tributaria y al final terminaron tramitándola mal, rápidamente y sin suficiente discusión. Con un elemento adicional: este gobierno ha desperdiciado la mayor bonanza de la historia de Colombia; miles de millones de dólares entraron al país en el punto más alto como nunca en la historia de los precios del petróleo que hoy no se ven.
¿Cómo se explica que podamos tener un déficit fiscal de casi el 4% cuando tuvimos semejante bonanza petrolera y de precios del carbón?, ¿cómo fue posible que el país no hiciera un ejercicio de ahorro para que cuando llegara el momento de la destorcida tuviéramos un colchón sobre el cual apoyarnos? ¿y cómo es posible que este gobierno se haya comprometido a gastos permanentes sobre ingresos inciertos y volátiles como los que tienen que ver con el precio del carbón y del petróleo? Todo eso es responsabilidad de este gobierno del presidente Santos y del ministro Cárdenas.
360: Doctor Nieto, la economía va mal y hemos consultado a diferentes especialistas. Las realidades no se pueden ocultar. Cuando el expresidente Uribe llegó a su Gobierno le tocó hacer unos recortes necesarios, fusionar ministerios, entre otros. Si usted es elegido candidato y posteriormente elegido presidente, sin caer en populismos, ¿ha pensado en propuestas para reactivar la economía?
R.N.: Una de las propuestas que es indispensable es la disminución de los impuestos, aunque yo empezaría por el IVA. Creo que hay que sentarse a pensar si es posible hacer una reducción de ese impuesto al valor agregado. Es difícil establecer desde ya y sin conocer las cifras concretas cuál podría ser la reducción real.
Hay que bajar el IVA, pero no sería posible si no se hace una tarea en paralelo. Hoy por hoy con el déficit fiscal que tenemos para poder bajar los impuestos hay que retornar a un Estado de austeridad, que le ponga freno al Estado derrochón e irresponsable que ha sido el gobierno Santos.
Nunca he podido entender porqué en la discusión sobre la reforma tributaria no hubo una discusión paralela sobre la calidad del gasto público, y eso es fundamental. Aquí simplemente se hace una discusión, hoy por hoy, de cómo podemos aumentar los recaudos pero nadie está haciendo la discusión sobre la pertinencia y la eficiencia del gasto público, y eso resulta indispensable.
360: ¿Qué plantea hacer en materia de corrupción? Desde los mandos más bajos hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
R.N.: Son muchas las cosas que se pueden y se deben hacer en materia de corrupción. Hay que eliminar, sino son todas, la mayoría de las contralorías departamentales y municipales que hoy son simplemente entidades burocráticas, clientelistas y muchas veces corruptas, que no cumplen ninguna función real en la protección de los recursos públicos. Hay que hacer una tecnificación de la Contraloría General de la Nación y de las contralorías que sobrevivan a este ejercicio de poda. Se deben disminuir los porcentajes en materia de contratación directa en el Estado, que es del 82%; casi ocho de cada diez contratos se adjudican a dedo.
Hay una contratación de sastrería, la cual el contrato se hace a la medida del funcionario que adjudica y del compinche que está al otro lado. Hay que hacer pliegos únicos de licitación y eso es posible, y así elimina uno el riesgo en la contratación de sastrería y de la contratación directa.
Por otra parte, hoy muchos de los corruptos tienen la posibilidad de gozar del beneficio de casa por cárcel para el cumplimiento de su condena, con lo cual uno los ve muy cómodos cumpliendo sus penas en las mansiones que son producto de su actividad ilícita. Debería eliminarse la posibilidad de obtener dicho beneficio de casa por cárcel y debería obligarse al corrupto a cumplir toda su condena en un establecimiento penitenciario.
360: ¿Está usted de acuerdo con una Constituyente?
R.N.: Yo preferiría no irme por la Constituyente. La Constituyente es una caja de pandora: usted sabe cuándo la abre pero no tiene idea de cuándo la puede cerrar ni que va a salir de ella, y genera unos espacios de inseguridad política y jurídica para los ciudadanos que es costosa. Uno debe intentar los caminos institucionales usuales para hacer las reformas pertinentes.
Un proceso de federalización o autonomías es muy difícil de ejecutar cuando el país vive dos realidades que son inocultables: la ausencia de consolidación del poder estatal en todo el territorio nacional que además se vuelve frágil y débil en la medida en que la apuesta de las Farc como nuevo partido político es el del control territorial para saltar después al poder nacional. Esas dos caras de la misma moneda puestas en un proceso de federalización abren un panorama de riesgos enormes para un Estado como el colombiano.
360: ¿Qué le cambiaría a los acuerdos de paz entre el gobierno Nacional y las Farc?
R.N: Debo empezar por sostener que ese pacto con las Farc es ilegítimo y espurio. Lo fue a partir del momento en que triunfó el No en el plebiscito y sin embargo el gobierno se empeñó en implementarlo, en ir contra la democracia y la mayoría expresada en las urnas. Ahí ese pacto perdió toda legitimidad.
Dicho esto, mi opinión personal es que es mejor tener a esos 9.000 bandidos aquí en la legalidad y no en el monte echando bala. Insisto, para el país es un avance que esos fulanos no maten más. Ahora, dicho esto, y es lo que me hace sostener que el proceso no hay que dinamitarlo, no es menos cierto que sí es indispensable hacerle unos cambios estructurales a ese pacto porque tiene unos elementos que atacan la democracia, la institucionalidad de la República, violan el principio de igualdad frente a la ley, premian a los criminales, ponen en peligro la propiedad privada y tiene unos incentivos perversos para el narcotráfico.
Todos estos defectos profundos y aberraciones del pacto hay que corregirlos, empezando porque tenemos que sacar de la Constitución el pacto. Yo no conozco otros antecedentes en los cuales haya un acuerdo entre un gobierno y un grupo subversivo que termine como texto constitucional. Hoy las Farc cogobiernan, pues hay una comisión que se llama CSIVI que está en el pacto, compuesta de forma paritaria entre miembros de las Farc y designados por el presidente que tienen la tarea de darle el visto bueno previo a todos los proyectos de reforma a la Constitución, de ley y de decreto que vaya expedir el presidente de la República para la implementación de los acuerdos.
¿De cuándo acá un presidente tiene que quedar sujeto al visto bueno de las Farc? Es decir, las Farc tienen poder de veto; de ninguna manera, el próximo gobierno tiene que empezar su gestión sujetándose solamente a la Constitución de 1991 y a la voluntad ciudadana expresada en las urnas en la primera o segunda vuelta de las elecciones del próximo año, y no preguntándole a las Farc qué piensan sobre una cosa u otra.
360: ¿Qué cree usted que hay detrás de la intención del Clan del Golfo de someterse a la justicia?
R.N.: Un conjunto de contradicciones de ciertos sectores de la sociedad colombiana muy profundos. Parte de las razones por las cuales explican los que favorecen ese pacto con las Farc. Su apoyo a él es que, dicen, cualquier vida amerita ese esfuerzo. Si es así, pues la lógica indicaría que para evitar las vidas que puedan costar en enfrentamientos con las Bacrim habría que ceder frente a ellas de la misma manera en que este gobierno claudicó frente a las Farc.
Yo creo que ese principio dentro de la sociedad es completamente equivocado. Tenemos que recuperar la idea de que es fundamental la aplicación rigurosa de la ley, la sanción a quien la viole y un ejercicio de justicia en todas sus facetas que vaya dirigido no solamente a la reparación de las víctimas sino también a disuadir a los delincuentes de cometer en el futuro los mismos delitos. Si no es así, vamos a seguir transitando como venimos en un ejercicio sistemático una y otra vez de beneficios para aquellos que son criminales.
360: ¿Cómo presidente qué impulsaría, en definitiva, para cortarle de una vez por todas el recreo a los delincuentes?
R.N.: Al final se trata de un esfuerzo que tiene que tener sobre todo un componente sociocultural muy profundo y también ético, más un conjunto de reformas de carácter estructurales e institucionales dirigidos a rescatar el imperio de la ley y el Estado de derecho como condiciones básicas para la vida en sociedad, y del castigo al delincuente y el premio al ciudadano que se comporta de manera adecuada. No hay una forma distinta, y eso se traduce en un conjunto de medidas de muy distinto tipo que empiezan necesariamente por la corrección de fondo de algunos elementos del pacto con las Farc y que también se traduce en una profunda reforma a la justicia que es indispensable y sin la cual ningún esfuerzo que se haga desde el ejecutivo va a funcionar.
360: En cuanto a la educación, ¿qué propone para evitar que vuelva a ocurrir un para de maestros como el del semestre pasado? ¿Qué opina del programa Ser pilo paga?
R.N.: El estado tiene que recuperar la idea de que no puede negociar bajo presión, y ese me parece un elemento fundamental en el desarrollo de una sociedad civilizada. No puede ocurrir que de manera sistemática se pongan los intereses de algunos sectores por encima de los derechos del grueso de la ciudadanía y del bien común como está ocurriendo. La protesta y la huelga son derechos legítimos, pero no afectando los derechos de los demás, bloqueando las calles, el ejercicio de la actividad comercial y los derechos de los niños.
Yo no estoy dispuesto a negociar bajo presión, eso lo tengo perfectamente claro y me parece que el mensaje debe ser ese rápidamente frente a los distintos colectivos que tienen su derecho a protestar o incluso irse a la huelga, pero no pueden pretender que nosotros bajo presión terminemos cediendo a sus expectativas.
La calidad de la educación en Colombia, la pública y la privada -se equivocan los que piensan que la educación privada está a salvo de esta crítica- es muy mala. ¿Cómo se prueba? En las calificaciones de las pruebas Pisa, que se hacen a nivel global y que hacen un ejercicio sobre las mismas preguntas de poder nivelar de manera comparada cuáles son los conocimientos en materia de ciencias, matemáticas, lectura crítica de todos los estudiantes en los mismos niveles en todo el mundo. En esas pruebas siempre salimos muy mal calificados.
Este tema de la calidad sí es el gran tema en la educación en Colombia, y la respuesta en este aspecto está en los maestros. Buenos maestros generan calidad en el sistema, malos maestros conllevan el deterioro del mismo sistema. Pero el Estado se está equivocando y la sociedad también porque cree que la mejora en el sistema en la calidad de los profesores pasa por mejores remuneraciones por un lado, o por fomentar la idea de que los profesores tienen que hacer especializaciones, maestrías o doctorados, y premia a esos profesores mejorándolos en el escalafón de los maestros.
Y resulta que uno puede tener un doctorado y ser un pésimo maestro, y puede ser que ese muy mal maestro le paguemos hoy $5 millones y después $10 millones, y sigue siendo un pésimo maestro. Claro que hay que tener buenas remuneraciones pero hay que tenerlas para los buenos maestros, a los malos maestros tenemos que sacarlos del sistema.
Por otro lado, ¿qué es lo que hace que un estudiante de Ser pilo paga escoja una universidad privada y no pública? Si no somos capaces de responder esa pregunta, cualquier análisis sobre ese programa es equivocado.
360: ¿Qué espera de la elección del candidato a la Presidencia por su partido, el Centro Democrático?
R.N.: El expresidente Uribe no ha asumido ninguna posición en relación con el mecanismo para la escogencia del candidato. Todas las opciones están sobre la mesa, desde una consulta abierta hasta que él escoja a dedo con nombre propio el que crea que pueda ser el mejor candidato del Centro Democrático. A estas fechas no hay procedimiento escogido. Yo me inclino por una opción, cualquiera que sea, que premie las bases y la militancia del partido, de manera que el candidato escogido sea el que mejor refleje el carácter y las ideas más coincidentes con las bases del Centro Democrático. Me parece que es un error para un partido en formación como el nuestro, que solo tiene tres años, la posibilidad de que otros terceros que no hacen parte de su doctrina ni de su pensamiento ni de su historia sean quienes terminen por ser determinantes en la escogencia del candidato de la colectividad.