¿Es ilegal la mermelada?

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Por: Rubén Dario Barrientos

El Fondo de programas especiales para la paz, es una cuenta diferenciada del departamento administrativo de la presidencia de la república. ¿Cuál es su objetivo? Financiar los actuales programas de paz.
¿Cuál es su presupuesto de inversión? La friolera de $ 57.977 millones, entre apropiación inicial y adición. Toda su fase distributiva multimillonaria, debe acoplarse a las normas que rigen los contratos entre los particulares (valga decir, las estipulaciones de derecho privado). ¿Ocurre ello? ¡Claro que no!

Es palmario, que el presidente Juan Manuel Santos ha hecho su mayor apuesta de gobierno por el proceso de paz. Ítem más: sobre sus cimientos se encaramó en la reelección. El agudo columnista de EL MUNDO y El Tiempo, Saúl Hernández Bolívar, en artículo del 16 de febrero del corriente año en nuestro periódico, habló de una “paz prepago y una paz prostituida”. Santos, en declaraciones a CNN, dijo que al corte del 19 de noviembre de 2013, “los diálogos de La Habana han costado US$ 8 millones”. Eso lo aseveró hace 16 meses. Nadie ha vuelto a actualizar la cifra.

Hace pocos días, una cantidad importante de portales y de columnistas, han desglosado los onerosos gastos de los programas especiales para la paz, aludiendo costos de: a) viabilidad del proceso; b) encuestas; c) asesorías; d) contratos; e) divulgaciones; f) apoyos y promociones; g) estrategias; h) difusiones virtuales; i) seminarios y estrategias digitales. Salió a flote una cifra impúdica: el gobierno ha pagado a los medios de comunicación, la suma de $ 10.360 millones por divulgar el proceso de La Habana. ¿Prensa independiente o medios maniatados?

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Ahí empieza uno a explicarse el por qué los medios están tan aconductados con el presidente Santos en el proceso de paz. Son pocos los columnistas que disienten de esta postura y es vertical la posición (o mejor, la oposición) de “La Hora de la Verdad” y su tambor mayor, el exministro Fernando Londoño Hoyos y su grupo de apoyo, que encabeza el abogado y columnista caldense William Calderón Zuluaga. El espejo retrovisor indica que muchos medios, también se habían alineado antes con la reelección. El que es caballero (?) repite…

Todo ese amasijo, se ha motejado en nuestro país, como “la mermelada”. Baste decir que la procuradora para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, solicitó en su momento a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que investigara al presidente Santos por usar recursos públicos y utilizar inversiones en infraestructura para persuadir a varios alcaldes y gobernadores del país para que acompañaran su aspiración reeleccionista, con manejos abyectos del presupuesto y la utilización de nómina oficial. Desde luego, no se conocieron sus resultados. Pamplinas.

Quiero calcar el señalamiento de algunos contratos que, en mi sentir, son infames desde el punto de vista de la cercanía con el presidente y ustedes juzgarán si estoy muy susceptible o revisten conflicto de interés. Veamos solo cinco casos de trescientos cincuenta jugosos contratos, sin contar el de Mockus que fue de $ 480 millones: 1) Gobierno contrató a “Sístole S.A.”, de Felipe Santos, hermano del presidente, para ejecutar estrategias digitales del proceso de paz (no se reveló la cuantía); 2) Gobierno contrató con empresa de otro hermano del Presidente Santos por $812 millones, para estrategias digitales del Proceso de paz; 3) Gobierno pagó a la revista Semana, cuyo director es Alejandro Santos, $1.092 millones para la “pedagogía para el postconflicto”; 4) Gobierno pagó $1.422 millones a una Corporación del exguerrillero y columnista de Semana, León Valencia, para hablar del proceso de La Habana y 5) Gobierno pagó $1.012 millones a la Fundación García Márquez, para “seminarios a periodistas en cobertura del proceso de paz”.

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Las preguntas se hacen al desgaire: ¿Es ilegal la mermelada? O, ¿Es legal que se unte por todos los lados? ¿No hay problema que un Santos se la embadurne a otros Santos? Paremos aquí la clase de ética. Tengo dolor de cabeza.

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