Editorial
Todas las ciudades y municipios del país padecen a diario atracos, asesinatos, extorsión y cualquier otro tipo de delitos que afectan considerablemente la calidad de vida de las personas, las oportunidades de progreso y causan desastres sociales que difícilmente se pueden solucionar.
Algunas ciudades del país han realizado cambios para afrontar la inseguridad en el territorio, ciertos mandatarios han optado por revertir la pirámide de inversión y modificar la suma que se le dedica a seguridad y fortalecer más los programas sociales y culturales, con el fin de atacar integralmente el problema. Muy concretamente esa estrategia se ha materializado con más presencia del Estado en las zonas pobres, creando programas culturales, educativos y sociales, además de ser en buena medida garantistas con personas que han violado la ley.
Voces a favor y en contra tiene cada política de seguridad, todas muy respetables y abiertas al debate, pero sí va llegando la hora de ser juiciosos con el análisis de resultados y tomar desde el gobierno central decisiones serias.
Para muchos el gran cáncer de la inseguridad es la justicia. Los colombianos no entienden cómo queda en libertad un ladrón o un asesino luego de haber sido capturado por las autoridades, victimarios que terminan como víctimas, penas ilógicas y detenciones arbitrarias.
Partamos de dos casos reales; Luis Alfredo Ramos, privado de su libertad y todos los cabecillas de las FARC libres y tranquilos en Cuba.
Condenan a una señora por robarse unas salchichas, mientras que un ladrón que es detenido por porte ilegal de armas queda «suelto» bajo los argumentos de que portar armas sin permiso es un delito excarcelable y el de «Es la primera vez que atraca».
Las noticias nos muestran que el hacinamiento en las cárceles es total, pero al Gobierno nacional no le importa en lo absoluto. No dan soluciones reales más allá de liberar, liberar y liberar a las personas que han sido condenadas. Un dato: hace más de 5 años no se construye una sola cárcel en Colombia.
Los delincuentes la tienen clara; ir a robar y «coronar» es fácil, pues la policía no tiene estrategias de prevención, ni de inteligencia; solo les queda reaccionar ante una llamada de cualquier ciudadano que avisa del suceso delictivo, pasan los minutos y el ladrón va lejos cuando la policía apenas llega.
Si el ladrón es capturado, solo es ir a un trámite de foto, firma y una conversación donde lo mandan a su casa y le piden que se comporte bien. La Policía en general está cansada de esto; capturar al mismo delincuente dos veces a la semana o cada 8 días, mientras ellos se exponen a una puñada o a un tiro por parte de estos maleantes.
Es injusto que culpen en su totalidad a un Alcalde o Gobernador por las cifras de atracos, extorsiones y homicidios. Hasta que al Gobierno nacional no le de la gana de adelantar una reforma a la justicia seria, donde se castigue con todo el peso al delincuente, se proteja a la fuerza pública y se brinden garantías, la seguridad en las ciudades no va a mejorar.
Delinquir paga y eso hoy lo tienen claro todos los delincuentes en el país. La Policía Nacional hoy está arrinconada, no solamente porque no tiene protección, sino porqué irónicamente son sujeto de amenazas por parte de ilegales. Muchas veces un policía tiene que vivir en barrios marginados con su familia, en donde conoce incluso a delincuentes y ahí es cuando son referenciados, reciben advertencias y quedan con las manos atadas para atacar a cualquiera de estos personajes.
Hablemos del salario de los policías que es una completa vergüenza y miremos los siguientes ejemplos: un policía en New York puede ganar la suma de $5.000 US al mes, al cambio de hoy casi unos $15.000.000. En Colombia normalmente un policía no gana más de $ 1.600.000, con jornadas de trabajo extenuantes y pocas garantías laborales. Un congresista en nuestro país gana casi $26.000.000 mensuales, fuera de lo que percibe en apoyo a su unidad de trabajo legislativo que es similar al monto de su salario.
Todo esto es un circulo vicioso, plagado de grandes y pequeños problemas que sencillamente hasta que no se solucionen no van a dejar progresar ni garantizar ciudades más seguras. Las personas deben tener claro que hoy el gran problema que se vive en las ciudades con robos, homicidios y extorsión es culpa obviamente en primer lugar de los ilegales que cometen estos delitos, pero en segundo lugar y con gran culpa del Gobierno, todo por su incompetencia e ineficiencia para afrontar este fenómeno monstruoso.