Sobre lo acontecido con Gustavo Villegas

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EDITORIAL


Sin lugar a duda, la Constitución faculta siempre en primera instancia al presidente de la República para mantener el orden público y para buscar la paz. Para ello, le provee unas herramientas y así las hemos podido entender y verificar con presidentes como Andrés Pastrana, César Gaviria, Álvaro Uribe y el actual mandatario Juan Manuel Santos.

Se sobre entiende que existen distintos caminos para lograr una estabilidad en cuanto a seguridad y conflicto. Uno, es la salida militar y la otra tiene que ver con las negociaciones como ha sucedido con las Farc, de lo cual cada presidente tomará su determinación.

No estableceremos juicios que aduzcan al poder o queriendo orientar el caso, como sí lo han hecho otros medios de comunicación. Algunos que han salido a exonerar a ciegas y con intereses personales, y otros que han condenado mezquinamente sin ninguna prueba. Nos queremos limitar a lo que conocemos y entendemos desde la ley.

Siempre será bueno partir de la buena fe de las personas, de que ningún mandatario se levante cuando se dejan de hacer las cosas mal ni de estropear el orden público de una ciudad. Con base en eso, deberíamos empezar a analizar los hechos que se han configurado en Medellín en los últimos 15 años.

Hace una semana y media hacíamos un programa especial con Fernando Quijano, presidente de Corpades, sobre la transfiguración de la violencia y la inseguridad en Medellín. Hablamos sobre la posibilidad de que había negociaciones o comunicaciones en curso entre autoridad y bandas delincuenciales. Por ejemplo, y fue de público conocimiento, la banda delincuencial ‘La Oficina’ se hizo sentir con una carta al presidente Santos en la que le decía que estaban dispuestos a realizar un proceso de paz y hasta ahí la opinión pública lo conoció. No se sabe con certeza hasta estos días en qué había terminado esa carta.

Al parecer, y nos remitiremos a la información que hemos encontrado extraoficialmente en la administración de Medellín, había unas comunicaciones entre la autoridad y algunos líderes de bandas delincuenciales que operan no solamente en Medellín, sino en el Área Metropolitana y en Antioquia para someterse a la justicia. Dicho sometimiento implicaría un proceso de negociación, de lo cual ha tenido experiencia Gustavo Villegas, pues este fue secretario de Gobierno de Alonso Salazar y asesor en temas de orden público, adelantó varias labores en cuanto a la desmovilización de bloques paramilitares y de bandas de milicias. En tal virtud, no era extraño que Villegas conociera del tema y que supiera por dónde se debía transitar, pues ya había tenido un vasto conocimiento sobre el particular.

Sorprende en gran manera tanto a la ciudad como a la administración y al mismo alcalde que se haya dictado esa orden captura, y que si bien hoy ya caemos en un vacío de información, en primera instancia se dijo que el alcalde no sabía. En segundo lugar, se dijo que el mandatario medellinense sí sabía de la investigación en contra de Villegas. Pero lo cierto es que hoy está preso en la cárcel de Yarumito mientras se le adelanta dicho proceso y así tome una decisión un juez de la República, la cual debería ser medida intramural.

No queremos ahondar, insistimos, en los detalles minuciosos porque primero que todo creemos que ya esto hace parte de un cuerpo, de una investigación formal de un asunto legal, delicado y que merece todo el blindaje y respeto posible. Y pasar a ser imprudentes o de querer tener afán en la información y de sacar exclusivas o las famosas chivas, no va con nuestro estilo, pues creemos que decir mentiras, inventar noticias o por lo menos establecer culpables no es nuestra manera de proceder y no hemos comulgado con eso.

Lo que sí podemos aseverar es que en Medellín han existido en administraciones anteriores pactos con bandas delincuenciales para garantizar un cierto orden en la ciudad y para que las personas en teoría sientan que las cosas van mejorando, y pactos también para no hacerse daño, ni tú me tocas ni yo te toco. Y podríamos estar hablando que esto viene sucediendo desde la administración de Sergio Fajardo Valderrama. Recordemos lo de alias Don Berna y su famosa don bernabilidad y otros lamentables episodios que se han configurado entre administración y la ilegalidad.

Queremos llamar la atención acerca de una parte de la declaración del ilegal Julio Perdomo, sobre que Federico Gutiérrez y Gustavo Villegas en el caso de los fleteros acordaban por debajo de cuerda que los entregaran, porque la ciudadanía lo estaba pidiendo y el alcalde necesitaba dar resultados. Es algo que preocupa de una manera impresionante porque estaría la alcaldía de Medellín engañando a dicha ciudadanía, le estaría tomando el pelo y eso es sumamente grave, porque no están desarrollando operativos de verdad sino montajes, y es acá donde sí tendría razón la opinión pública que está volcada en contra de la administración.

Se habla de una política de sometimiento. Federico Gutiérrez en un discurso ya bastante escuchado, pues ha dicho que él pone la cara, que es frentero y que siempre ha dado instrucciones claras y concisas pero sobre su número de orden de capturas, operativos entre otros, la verdad es que según como vamos en la ciudad ha aumentado la pobreza, la inseguridad, por lo cual vale la pena preguntar cuáles son los avances de los que están hablando y qué tan efectiva era la política de sometimiento.

Reiteramos, la trayectoria de Gustavo Villegas es muy larga y conocida, aunque en algún momento fue cuestionada, pero ateniéndonos a la ley su proceso fue cerrado a favor suyo. El exsecretario de Medellín fue miembro del equipo negociador del Gobierno de Andrés Pastrana con el ELN y ha estado involucrado en otros temas de paz de suma importancia.

Hoy, Julio Perdomo, mafioso de la llamada ‘La Oficina’ -no es ‘La Oficina de Envigado’ tal como lo dice Félix de Bedout, El Colombiano entre otros; Envigado tiene diversas oficinas pero legales, ninguna es delincuencial- es el testigo principal de la Fiscalía, quien ha sido el que ha prendido el ventilador de una manera abrupta y que hoy tiene a la ciudad en vilo.

El alcalde Gutiérrez y el señor Villegas han recibido tanto voces a favor como voces en contra. Unas con un toque de sinceridad, otras con odio y otras con apasionamiento perjudicial porque no permiten ver las cosas con objetividad.

Lo que esperamos en primera instancia, es que el señor Gustavo Villegas tenga todas las garantías procesales que el Estado le debe garantizar, como el debido proceso que es tan violado en Colombia pero que se hace necesario recalcar. En segunda instancia, que el alcalde Gutiérrez por medio en una alocución, en la cual cambie las palabras y frases tan conocidas por el público, salga y le cuente a la ciudad si él estaba o no negociando con grupos al margen de la ley, es lo que hoy la ciudad le está preguntando. En tercer lugar, no se entendería una condena a Gustavo Villegas por tratar de hacer la paz si es que así lo estaba haciendo, cuando Iván Cepeda, Piedad Córdoba y otros líderes políticos se han reunido con guerrilleros de las Farc con y sin permisos de la Presidencia, y andan campeando tranquilamente por todas las ciudades de Colombia.

Faltan cosas por aclarar. Esto parece una revoltura muy fea, con malos ingredientes, con un olor muy pero muy maluco, y es que ahí insistimos en la necesidad de la declaración del alcalde Gutiérrez. Que nos cuente de una vez por todas si la Fiscalía sabía o no sabía de lo que estaba pasando, si la Procuraduría estaba enterada y acompañando el proceso o es absolutamente un actor ajeno y que no conoció de ningún proceso. Si la Presidencia de la República o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sabían o no; y en último lugar, si la Fiscalía seccional Medellín, en cabeza de Claudia Carrasquilla estaba al tanto o no era así. (Por cierto, ¿por qué trasladaron a Carrasquilla?).

La ciudadanía hoy merece una explicación, no solamente por parte del alcalde Gutiérrez sino por parte de todos los actores involucrados, y que nos cuenten de una vez si en esta administración se estaban adelantando conversaciones como en épocas pasadas para garantizar una convivencia en teoría pacífica y en orden de la ciudad, como los llamados tiempos de la don bernabilidad.

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