Por: José Feliz Lafaurie
“No olvidarás mi nombre” es un seriado que pretende narrar el conflicto, con toda su violencia y sinrazones, alrededor de una historia de amor y con un hilo conductor que recrea la confrontación entre guerrilleros y paramilitares.
Pero mientras, para definirlo con simplismo, el guerrillero es malo y ahí termina su proyección social, el paramilitar es “remalo” y detrás de él está el verdadero antagonista: el ganadero; el que burla la justicia y se la toma por su mano; dueño del poder local, despojador de campesinos, ordenador de masacres, con tentáculos en los círculos del poder para esconder sus delitos y alcanzar sus objetivos perversos. Ni el asesinato de su hermano bueno alcanza a explicar tanta maldad. Los ganaderos han sido estigmatizados como terratenientes y despojadores desde hace 60 años, cuando las Farc los declararon enemigos y objetivo militar, y expidieron leyes de reforma agraria para arrebatarles la tierra. Entonces fueron asesinados y secuestrados por miles; extorsionados y despojados.
Cuando surge el paramilitarismo y algunos empresarios –no solo ganaderos– traspasan los límites de la legalidad, los ganaderos quedaron en medio del fuego cruzado, como todos los pobladores rurales, y terminaron con una injusta estigmatización a cuestas, propagada en los medios por la izquierda.
Hoy, sin embargo, en tiempos de posconflicto, reparación y reconciliación, cuando está pronta a instalarse una Justicia Especial concebida con las Farc; cuando el Decreto 902 de 2017, también creado con las Farc, será el instrumento para distribuir 3 millones de hectáreas que saldrán de la expropiación a sus legítimos propietarios, pues es conocido el fracaso del Estado en quitarle la tierra a los criminales y recuperar sus baldíos; hoy, cuando se requiere una justicia imparcial y una “sociedad imparcial”, porque la decisión del juez siempre está permeada por su entorno; es decir, cuando es imperativo derribar estigmas y estereotipos, se produce esta peligrosa estigmatización contra los ganaderos.
Me indigna que semejante generalización haya sido auspiciada por Usaid y OIM, y por el Gobierno a través del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Pienso en los empresarios ganaderos perseguidos por ese estigma, que pesará en la JEP y en los jueces que decidirán sobre la expropiación por incumplimiento de la función social y ecológica o por motivos de interés social, en los que cabe todo, a través del “Procedimiento Único” y sumario del Decreto 902. Pienso en la reconciliación y en la responsabilidad social de los medios.