¡Qué pasó!

Por: Cecilia López


Algo pasa en América Latina, en Colombia y en la Región Caribe con el manejo del poder. Odebrecht sobornó 1.000 personas, un pecado que cubre a muchos políticos y empresarios del mundo, pero en particular de países suramericanos. Además, en nuestra historia reciente nunca habíamos presenciado tantos presidentes de la República sindicados de robos, como está sucediendo actualmente. Perú parece llevarse la bandera de este delito al más alto nivel, con un expresidente huyendo y dos presos, uno de ellos (Humala) junto con su esposa. No hay necesidad de repetir lo que todos sabemos del manejo del poder en nuestro país, y por ser de esta parte de Colombia, duele mucho más enterarse de las recurrentes noticias de senadores y en general de políticos corruptos en nuestra tierra. Claro que es un mal generalizado en toda la Nación, pero que Sahagún sea hoy el ejemplo de lo que no debe ser la política, debe llevarnos por lo menos a dos reflexiones.

El departamento de Córdoba, al cual pertenece este municipio, ha sido identificado como un feudo político de unas cuantas familias no siempre transparentes. Pero que uno o dos senadores, llamados los Ñoños, hayan logrado capturar tanto poder político –conociéndose su poca transparencia– es una realidad para muchos insólita. El poder no lo adquirieron solo con mermelada, como se afirma, sino con nombramientos de miembros de su rosca en sitios clave de la administración publica a nivel nacional, para no mencionar la que obtuvieron en sus departamentos, y sobre todo en Sahagún.

No es suficiente creer que el problema de la corrupción regional, en este caso en el Caribe colombiano, es solo un problema local. La verdad, y esta es la reflexión que es absolutamente necesaria, la mayor responsabilidad está en el Gobierno central. Bogotá –que concentra el poder político de manera irresponsable, con tal de no tener que venir a sudar en estas zonas del país– le entrega sin beneficio de inventario todo lo que piden este tipo de políticos, con el fin de asegurar su apoyo en el Congreso de la República. Pero resulta que esta es la forma más eficiente de expandir la corrupción en el país y nadie le dice esto a la Presidencia de la República. ¿Y qué piden esos ejemplares senadores? El Fonade, por ejemplo, que dejó de ser el instrumento necesario para la preinversión –para lo cual fue creado– y pasó a convertirse en un gran botín, precisamente para los corruptos.

La otra reflexión es terrible. El Gobierno nacional aplica un principio maquiavélico: El fin justifica los medios. Los votos que les aseguran obtener las mayorías en el Congreso, independientemente de cómo se consigan, valen más que la transparencia en el manejo del poder. ¿Esto no es cómo para llorar? Mientras no se reconozca esta responsabilidad del Gobierno central en la expansión de la corrupción política, nada pasará en Colombia. El manejo del poder político es el meollo de la corrupción nacional.

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