El Gobierno nacional expidió una serie de decretos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica con el objetivo de financiar la atención de las zonas afectadas por las fuertes lluvias que han impactado a varios departamentos del país.
Las disposiciones fueron adoptadas a través del Decreto 0240, que establece mecanismos fiscales orientados a recaudar recursos para atender la emergencia generada por el frente frío y las intensas precipitaciones registradas en ocho departamentos del país.
Gobierno impone impuesto del 16 % a las apuestas en línea en Colombia
Uno de los puntos centrales de la norma es la implementación de un impuesto al consumo aplicado a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, el gravamen será asumido por los operadores de estas plataformas y tendrá una tarifa del 16 %. El cálculo se realizará sobre la diferencia entre el total de las apuestas realizadas por los usuarios y el monto de los premios pagados.
Con esta medida, el Ejecutivo busca ampliar las fuentes de financiación para enfrentar los efectos de la emergencia climática y apoyar los procesos de recuperación en las regiones más afectadas.
Alivios tributarios para contribuyentes en mora
El decreto también contempla beneficios temporales para los contribuyentes que tengan deudas con la administración tributaria.
En particular, se establece una reducción transitoria de sanciones e intereses para quienes presenten obligaciones pendientes en materia tributaria, aduanera o cambiaria con corte al 31 de diciembre de 2025.
Quienes se acojan a esta medida deberán pagar la totalidad de las obligaciones en mora antes del 30 de abril, lo que les permitirá acceder a intereses reducidos del 4,5 % y cancelar únicamente el 15 % de las sanciones originalmente impuestas.
Adicionalmente, se otorgaron facultades a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para adelantar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos relacionados con asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios.
En estos casos, las reducciones de sanciones e intereses pueden oscilar entre el 70 % y el 85 %, siempre que el contribuyente pague el impuesto correspondiente.
Normalización tributaria y ajustes al impuesto al patrimonio
Otra de las disposiciones incluidas en el decreto es la creación de un impuesto complementario de normalización tributaria, dirigido a quienes tengan activos no declarados o pasivos inexistentes a corte del 1 de abril de 2026. Para estos casos se estableció una tarifa temporal del 19 %.
Los activos omitidos corresponden a bienes que debieron incluirse en las declaraciones de impuestos nacionales, pero no fueron reportados, o que fueron declarados por un valor inferior al real. En contraste, los pasivos inexistentes son obligaciones reportadas en las declaraciones sin soporte válido, que habrían sido utilizadas para disminuir la carga tributaria.
El decreto también introduce cambios en el impuesto al patrimonio, ampliando su alcance para incluir a los establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras en el país. Estas deberán presentar su declaración el 30 de abril y efectuar el pago en dos cuotas, previstas para abril y junio.
Sin embargo, la medida no se aplicará a personas jurídicas del sector salud, empresas intervenidas por el Estado ni a compañías de servicios públicos domiciliarios ubicadas en municipios que hayan declarado calamidad pública dentro de la zona cobijada por la emergencia.
Adición de $8,6 billones al presupuesto de 2026
De manera paralela, el Decreto 0241 estableció una adición de 8,6 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para 2026, con el fin de financiar acciones de respuesta y recuperación tras la temporada de lluvias.
Los recursos se distribuirán entre diferentes entidades del Gobierno, de acuerdo con las solicitudes presentadas por sectores que deben atender los impactos de la emergencia.
El Ministerio de Agricultura recibirá 1,6 billones de pesos para programas relacionados con el acceso a tierras, el ordenamiento social de la propiedad rural, el plan de alivio a la deuda agropecuaria, la capitalización del Fondo Agropecuario de Garantías y la recuperación de los sistemas productivos agroalimentarios.
Por su parte, el Ministerio de Educación solicitó 1 billón de pesos para reparar daños en infraestructura educativa que afectan a 657 sedes escolares y 15 instituciones de educación superior. Los recursos se destinarán a aulas temporales, dotación de mobiliario, kits escolares, uniformes y equipos tecnológicos.
El sector Vivienda contará con 1,3 billones de pesos para programas de reasentamiento, reparación de viviendas y planes de gestión del hábitat.
Además, se destinarán 878.587 millones de pesos para atender afectaciones en sistemas de agua potable y saneamiento básico en municipios impactados por la emergencia.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recibirá 1,1 billones de pesos para la fase de recuperación temprana y labores de rehabilitación en las zonas afectadas.
En materia de infraestructura, el Ministerio de Transporte contará con 626.220 millones de pesos para atender daños en vías, reconstruir puentes y estabilizar taludes afectados por las lluvias.
El sector salud, por su parte, tendrá 455.271 millones de pesos para responder al aumento en la demanda de servicios médicos asociados a la emergencia, incluidos problemas derivados de la exposición a agua contaminada, traslados a albergues temporales, lesiones físicas y afectaciones en salud mental. También se financiará la recuperación de hospitales y centros de salud dañados.
Finalmente, otras carteras como defensa, ambiente, energía e inclusión social recibirán recursos adicionales que oscilan entre 30.000 millones y 408.000 millones de pesos, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional frente a los efectos de la emergencia climática.
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