El proyecto se presentó como la solución a una necesidad urgente de esas comunidades, pero ocho años después no ha empezado a funcionar.
Por: Redacción 360 Radio
El equipo de la Procuraduría ha realizado una investigación en Puerto Nariño, Amazonas, que ha revelado una serie de irregularidades en un proyecto de energía eléctrica financiado con regalías. Según el informe presentado por la entidad, a pesar de que la comunidad local ya cuenta con un sistema de distribución de energía eléctrica robusto que ha estado en funcionamiento durante al menos 15 años, la gobernación departamental inició un proyecto en 2015 para proporcionar energía solar a la misma región.
Este proyecto, que contaba con un financiamiento de 30,000 millones de pesos, se presentó como una solución urgente para las necesidades de las comunidades locales. Sin embargo, después de ocho años, aún no ha entrado en funcionamiento, y gran parte de la infraestructura instalada se ha deteriorado debido al vandalismo, la humedad y el clima. Incluso se menciona que algunas de las baterías destinadas a almacenar la energía solar están dañadas y requerirían una adición presupuestal significativa para ser actualizadas.
Un ingeniero experto que acompañó la misión de la Procuraduría ha señalado que los sistemas fotovoltaicos ya no son la mejor opción y que los sistemas actuales deben basarse en energía eólica, ya que los sistemas fotovoltaicos tienen una calidad mucho menor en comparación con los sistemas tradicionales de energía.
Además, durante la revisión de los procedimientos contractuales, se descubrió que no se habían definido los predios donde se construiría la infraestructura, lo que generó retrasos considerables en el proyecto.
El informe concluye que el proyecto se encuentra en un estado crítico debido a razones jurídicas, técnicas y de sostenibilidad. En respuesta a estas revelaciones, el procurador delgado para el Seguimiento a Regalías ha presentado un documento al despacho de la Procuradora General, en el que se sugiere evaluar la apertura de acciones preventivas o disciplinarias para abordar esta situación.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la supervisión y la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos, especialmente aquellos destinados a satisfacer necesidades críticas de las comunidades locales. Las irregularidades identificadas deben ser investigadas a fondo para determinar las responsabilidades y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente en beneficio de la población.
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