Se estima, bajo los planes del Gobierno, que para esta semana se lleven a cabo los debates regionales que abrirán la puerta a la votación ante el congreso de la aclamada reforma tributaria que ha suscitado grandes controversias, tanto en el sector empresarial como en el común de la población.
Bien se puede decir que las estimaciones iniciales presentadas durante la campaña presidencial sobre los recaudos pretendidos, aunque se pueden catalogar como ambiciosos, conllevarían a efectos sociales sin precedentes en la administración de nuestro país. Pues, se habla de llevar al índice de pobreza (Gini) del 0,543 al 0,491 en una prometedora reducción de más del doble anticipado por el sistema tributario actual, de la misma forma se buscará concretar la reducción de beneficios otorgados a las personas naturales con altos ingresos, limitar los beneficios tributarios al sector empresarial y la recaudación de 25 billones de pesos.
Sin embargo, dichos objetivos necesitan de un gran aporte del sector comercial. Ya se ha hablado a lo largo de la semana de los “inamovibles”, que son aquellos presupuestos de los que la reforma no podrá prescindir para su funcionamiento, sobre estos el sector productivo se ha pronunciado alegando que son inviables, pues será necesario el aporte de al menos 17 billones de pesos según la Andi, afectando las finanzas del sector privado, a lo que el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se limitó a contestar que dicho impacto solo estará reducido a un aporte de 5 billones de pesos.
Por otro lado, no se puede obviar que en cuanto vivienda una persona se podría ver obligada a pagar por concepto de ganancia ocasional hasta un 39% en impuestos sobre el valor percibido que exceda el precio del avalúo catastral. Además, llama mucho la atención la inexistente inconformidad de la ciudadanía frente al incumplimiento de la eliminación del 4×1000, cual fue una de las insignias de la campaña, hoy dicha promesa se esfumó bajo una sugestiva sonrisa del ministro cuando un periodista preguntó sobre este tema.
Si algo es evidente, es que la participación del Estado aumentara dentro del curso normal de las relaciones ordinarias. El gobierno “Petro” promete tener un enfoque social que ha sido presentado bajo discursos como “el pago a la deuda ancestral”, sin embargo, dichas políticas no gozan de la mayor claridad y hasta el momento la reforma tributaria es la primera luz en iluminar el sendero tomado por la presidencia de turno. No se puede olvidar que se mantienen las dudas sobre las políticas que recibirán las tierras y otras incógnitas que solo generan incertidumbre en la población.
El estado es el primer responsable de la pobreza acumulada, la inflación y la desestabilidad social actual, sería incoherente culpar al gobierno entrante de estos males, pero sería igual de inocente errar al tragar entero todo lo que se ha propuesto.
Pero alejado de estos alcances informativos que ha presentado el Ministerio de Hacienda, vale la pena acercarse a estas políticas; parece ser que se han replegado dos ideas fundamentales en el grueso de la ciudadanía, la primera siendo una donde se le atribuye al Estado el poder de ser gestor absoluto de los recursos, sin ningún tipo de reproche ya que se entiende que el propio estado es el mejor administrador de la riqueza, por lo que los factores de producción se deben ver limitados por el bien común. Y, en segundo lugar, parece ser que se ha llegado a entender al sector privado una amenaza a la vida digna, pues el desarrollo de la empresa solo asegura la desigualdad y el crecimiento de la pobreza.
Ambas ideas distan de ser reales. Cada país necesita de un sector de producción fuerte para asistir las necesidades de la población y sería muy triste pensar que el Gobierno debe ser el encargado de tomar todos estos recursos y asignarlos a su parecer. No hay mayor afectación a los derechos y al orden público que cercenar la voluntad individual de cada ciudadano, aunque tampoco se puede negar que la dignidad de vida debe ser asegurada, la regulación debe asistir a la población para su desarrollo en todos sus frentes.
Gustavo Petro cuenta con algo que, seguramente, el gobierno de Iván Duque envidiaría, esto es: Favorabilidad. El hecho de que se haya apoyado una reforma tributaria tan ambiciosa como la presente sin ninguna manifestación de la ciudadanía demuestra que el verdadero poder de Petro está en el pueblo. Pero que no olvide el Presidente, que el pueblo olvida rápido y si el hambre sigue se repetirá la historia de siempre, con la insignificante diferencia de que el fracaso esta vez recaerá sobre la izquierda y no en la derecha.
Tal vez, la mayor ventaja de este gobierno sea su oposición, ya que es una oposición que está tan acostumbrada a ser gobierno, que cada vez que se quejan suena a capricho y cada día su credibilidad se hunde más. La reforma tributaria será la primera de muchas fichas a mover. No es posible predecir que augure el futuro. Aun así, las puertas de los jardines de la casa de Nariño están abiertas de par en par, para ser recordadas en gloria u olvidadas, como un simple gobierno más.
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