Han sido 12 días de infinita y dolorosa pesadilla para los habitantes que se encuentran en la legalidad en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, las balas de fusil, la zozobra, el miedo por perder su vida, de ser desplazados, ha vuelto después de 20 años.
EDITORIAL
Sí, la verdad es que con varias de las personas que estén medio de comunicación ha podido conversar, que se encuentran en esta zona del departamento de Antioquia, nos han dicho que no pensaron jamás, volver a vivir, lo que les tocó padecer hace aproximadamente 20, 22 años, en donde residía lo que siempre ha considerado su casa y de donde nunca quisieran salir.
En todo el país, bajo un panorama general, tenemos una fuerte problemática con la minería ilegal; una minería absolutamente criminal, no solo con el medio ambiente, sino, con las poblaciones que se encuentran en estas zonas de tanto interés económico.
¿Qué afecta la minería ilegal?
En primer lugar, el medio ambiente, que debería ser sujeto de derechos para considerarse víctima de lo que han hecho estos criminales arrasando bosques, montañas, ríos y selvas, todo por su obsesión irracional de conseguir oro, como dé lugar.
No importa lo que cueste, no importa lo que haya que gastar, reventar y aniquilar, solo con conseguir ese fin anhelado.
En segundo lugar, esa economía criminal está permeando a las estructuras sociales, familiares y gubernamentales de las regiones, en donde, tienen la fortuna o en este caso el infortunio de contar con recursos naturales tan preciados como el oro y a la empresa legal, ni más faltaba, la afecta en proporciones gigantes.
No solo porque no paga impuestos, o porque sea una competencia absolutamente ilegal, que podría ser más el componente financiero, de negocio y objeto de otro análisis. Porque aunque no lo crean, es el país y la sociedad quién pierde con la minería ilegal, cuando puede operar a sus anchas y no la empresa legal que pagando impuestos, generando empleos con condiciones laborales dignas, con empleo formal, haciendo obras de mitigación y compensación ambiental y social. Mientras que, la minería ilegal lo que hace es liquidar a las personas, claro, pero de un tiro en la cabeza, cuando van a pedir su liquidación.
Lastimosamente, los colectivos ambientales, ONG, organizaciones, algunos académicos y claramente políticos no dicen nada, no se atan a árboles, no hacen escándalos con lo que, estamos viendo, que produce la minería ilegal en nuestro país. Muy selectivos en el cuidado del medio ambiente, extrañamente tienen una sola particularidad y es que les molesta la empresa legal. Como conclusión, es claro que no son mineros ancestrales, ni pequeños mineros los que están haciendo el paro.
Además, que esa pequeña minería, cada vez más extinta en nuestro país, está haciendo reemplazada por las bandas delincuenciales del ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y pequeñas organizaciones delincuenciales, que encuentran en la minería un gran fortín para fortalecer sus operaciones guerrilleras y miliciales.
La quema de peajes, la quema de dos ambulancias, la toma hostil de un pueblo, amenazar a la población, secuestrarla, dejarla incomunicada, solo ha confirmado lo que muchos no querían ver y esto es un paro criminal, un paro terrorista, un paro de ilegales, acá no hay pequeños mineros, ni mineros ancestrales, eso es absolutamente falso. Esperamos que el Gobierno nacional sea mucho más contundente, más riguroso, más disciplinado, que no tenga miedo a enfrentar a estos criminales que hoy están acabando con tantas vidas en esta zona de Antioquia, con la tranquilidad y sobre todo con la legalidad, retrocediendo unos 20 años atrás.