En la mañana del miércoles se llevó a cabo una huelga general por parte de la oposición de Venezuela, durante una multitudinaria concentración en Caracas que buscaba redoblar la presión para un cambio de gobierno en medio de la crisis política y económica.
Por: Verónica Gaviria Carvajal.
Por su parte el Gobierno informó en horas de la noche que un funcionario de la policía, murió tras recibir un disparo en medio de una protesta opositora en el estado Central de Miranda, Así mismo Henrique Capriles, líder opositor, indicó que durante la manifestación hubo más de 120 heridos en distintos estados del país y 208 arrestos, de acuerdo al director del organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.
Dicha huelga fue planeada por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de postergar un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, informó a la ciudadanía sobre una huelga nacional para el viernes, en protesta por la violación a nuestro derecho al voto. Añadió que el paro durará 12 horas y que, además, planean marchar el 3 de noviembre hacia el Palacio de Gobierno si el CNE no reactiva el proceso para convocar al plebiscito.
El Gobierno por medio del diputado Diosdado Cabello, avisó en la noche del miércoles, que tomaría junto con los trabajadores y Fuerzas Armadas, las empresas que detengan sus actividades para eliminar el bochinche.
La suspensión del plebiscito enterró la posibilidad de que se dé antes del 10 de enero del 2017. Si Maduro es revocado después de esa fecha, el vicepresidente concluiría su mandato, asegurando la permanencia del “chavismo” en el poder hasta el 2019.
Maduro lanzó varias criticas a los hechos, sin embargo, expresó querer dialogar con la oposición, pero sus adversarios exigen que se active el plebiscito, se libere a los “presos políticos” y se garantice la independencia de los poderes públicos.
El Parlamento dominado por la oposición aprobó el martes el inicio de un juicio político a Maduro. Pero la decisión del Congreso no tendría validez porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que el legislativo está en “desacato”.
La oposición acusa a Maduro de la aguda crisis del país petrolero, con una inflación de tres dígitos, recesión económica, constantes fallas en los servicios públicos y una escasez de alimentos y medicinas.