La designación del nuevo ministro de minas, Omar Andrés Camacho, no solo es impresentable, sino insostenible y debería ser reversada.
Editorial
Los anarquistas tienen la capacidad, según ellos, de refundar absolutamente todo lo que se les atraviese. Con ellos hay un antes y un después. Generalizan que todo es malo y nada funcionaba porque no estaban ellos, y eso les hacía ocupar posiciones altamente cuestionables, pues desde esas trincheras atentaban contra las instituciones, el mismo sistema democrático y la estabilidad de un país.
El Ministerio de Minas es una de las carteras más importantes del Gobierno Nacional. Es un sector que hoy en día no solo tiene dentro de sus principales objetivos seguir trabajando en la transición energética, propósito de los últimos presidentes y puerto de llegada si se hace un trabajo sostenible, juicioso y de largo aliento en los próximos 15 a 20 años, sino que esta tiene que velar por la seguridad energética y la protección de los proyectos mineros y de hidrocarburos que se realizan en todo el país.
Inicia desde la protección de la ciudadanía cercana a los proyectos que se ven amenazadas por grupos ilegales, pasando por garantizar que las empresas legalmente constituidas cumplan son sus obligaciones tanto sociales, ambientales, como a la hora de explotar los recursos naturales y termina en la protección de las inversiones y la confianza hacia los empresarios, la estabilidad jurídica y de seguridad para quienes desarrollan estos proyectos en las diferentes zonas de Colombia con vocaciones mineras, energéticas y petroleras.
El nuevo ministro de minas, quien perteneció al partido Comunes-Farc y viene de ser un asesor de una UTL de la senadora María José Pizarro, no tiene ninguna capacidad para afrontar este nuevo cargo.
Evidentemente existen posiciones como las del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien defiende el nombramiento de Camacho bajo un manto de diplomacia pocas veces funcional, pero en que la práctica no genera ninguna confianza para los actores del sector. No le permite en ningún momento a las personas, que trabajan día y noche en los proyectos de esta industria, sentirse por lo menos cómodos con alguien que hizo parte de grupos que instalaron “minas quiebra piernas” y que claramente se ha identificado a colectivos como los de Fidel Castro y Hugo Chávez.
Es un retroceso, y es mucho decirlo, pasar de Irene Vélez al nuevo jefe de cartera de Minas y Energía, Andrés Camacho. La embajadora saliente dejó herido de muerte al sector y el nuevo integrante de este cargo sería la persona encargada en terminar de rematar cualquier esperanza que se tenía, que de allí se nombrará a un funcionario a alguien con capacidades técnicas, conocimiento del sector y habilidades para sortear cada uno de los retos de este ministerio.
Lastimosamente se siguen nombrando activistas, personas simplemente afines a líneas politiqueras fundamentalistas e ideologizadas que para nada benefician el ejercicio de la administración pública.
No pueden honrar los cargos de un Estado democrático, quienes pertenecieron a unos grupos que más allá de combatir militarmente al Gobierno, ahora vengan a ocupar cargos tan altos, como lo es el ministerio de Minas y Energía sin un mayor sustento distinto a ser el amigo de una senadora del partido político del actual presidente.
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