Colombia ha enfrentado desafíos persistentes en materia de seguridad, siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía durante décadas. Diversos actores, desde grupos armados ilegales hasta carteles de narcotráfico, han contribuido a una compleja situación que ha llevado a una demanda constante de acciones gubernamentales efectivas. En este contexto, el diario ‘Financial Times’ ha llevado a cabo un análisis para evaluar la situación de seguridad en el actual gobierno de Gustavo Petro.
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El presidente Petro ha reiterado en varias ocasiones la prioridad que otorga a la seguridad en las regiones más apartadas del país. Esta atención se intensifica debido a la inquietud pública sobre la lenta implementación de los acuerdos de paz de 2016 con las antiguas FARC-EP, según un estudio del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, citado por ‘Financial Times’. Este informe revela que aproximadamente la mitad de los 578 compromisos asumidos en los acuerdos se habían implementado mínimamente para noviembre de 2022 o ni siquiera se habían abordado.
Además de los desafíos heredados de los acuerdos de paz, el país se enfrenta a la presencia continua de actores como el ELN, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo. Esto ha llevado al Gobierno a impulsar la política de ‘paz total’ como una de sus principales prioridades. A pesar de esfuerzos y avances tangibles, como las negociaciones con el ELN y el Estado Mayor Central, la seguridad nacional bajo la administración de Petro sigue generando preocupaciones.
¿Cómo le ha ido a Colombia en temas de secuestros en el Gobierno Petro?
Los datos del Ministerio de Defensa, dados a conocer por ‘Financial Times’, revelan un aumento del 80% en los secuestros desde que Petro asumió la presidencia, acompañado por un incremento del 27% en las extorsiones y una ligera disminución del 3% en la tasa de homicidios.
El reciente secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, atribuido al ELN, ha destacado la falta de equilibrio entre las negociaciones de paz y las tácticas de seguridad gubernamentales. Expertos advierten sobre la erosión de las capacidades operativas e inteligencia de las fuerzas de seguridad, fortaleciendo el control de grupos armados en zonas rurales y ampliando actividades ilícitas como el tráfico de drogas, minería ilegal y extorsión.
Oliver Wack, gerente general de Control Risks para la región andina, explicó a ‘Financial Times’ que esta erosión ha contribuido al fortalecimiento de grupos armados. El senador Iván Cepeda, defensor de la política de ‘paz total’, responsabiliza a «tendencias criminales» por fortalecer a estos grupos, mencionando el surgimiento de nuevos mercados de drogas.
Las confrontaciones entre grupos armados también reflejan la complejidad del panorama de seguridad, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz utilizadas por ‘Financial Times’. Mientras aumentan los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, disminuyen los choques entre grupos ilegales y fuerzas del Estado.
A pesar de los llamados del Gobierno a pacificar el país, la desconfianza de la población en la política de seguridad y negociación gubernamental está en aumento. Una encuesta de Datexco revela que solo el 37% de los colombianos encuestados apoya la continuación de las negociaciones con el ELN, mientras que el 53% se opone a estas mesas de diálogo.