La Procuraduría General envió un contundente mensaje al Gobierno y al Congreso de la República, advirtiendo sobre serios riesgos en la implementación de la reforma pensional que se encuentra en su fase final de aprobación.
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Panorama general: En un documento dirigido a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, la Procuraduría señala que la reforma presenta 45 vacíos estructurales que podrían vulnerar los derechos de los afiliados y generar un caos administrativo.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Procuraduría es la falta de capacidad de Colpensiones para recibir a los 19 millones de afiliados que pasarían a su sistema. Según el ente de control, la entidad no cuenta con la infraestructura tecnológica, el personal capacitado ni los recursos financieros para asumir tal carga.
«Colpensiones no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas», afirma la Procuraduría en su misiva.
Procuraduría General advierte sobre graves riesgos en la reforma pensional
Por qué es importante: La Procuraduría también cuestiona la falta de estudios y conceptos claros sobre el impacto fiscal de la reforma, advirtiendo que el proyecto podría generar un desequilibrio en las finanzas públicas.
«Es necesario que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación», señala el documento.
Ante los riesgos mencionados, la Procuraduría propone posponer la entrada en vigencia de la reforma hasta el año 2026. Argumenta que Colpensiones necesita tiempo para prepararse adecuadamente y que la implementación gradual permitirá minimizar los riesgos para los afiliados.
«La falta de reglamentación de, al menos, 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros», afirma la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social de la Procuraduría.
Detalles: La Procuraduría hace un llamado al Gobierno y al Congreso para que actúen con responsabilidad y cautela en la aprobación de la reforma pensional. Insta a que se revisen a fondo los vacíos estructurales, se realicen estudios exhaustivos sobre el impacto fiscal y se garantice una implementación gradual que proteja los derechos de los afiliados y pensionados.
«La reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones, que bajo ninguna circunstancia vaya a representar una afectación de los derechos de los afiliados y los pensionados del país», concluye la Procuraduría.