El alza en los precios del ACPM no es solo un debate técnico; se trata de un análisis profundo sobre la percepción ciudadana en torno a lo que es correcto pero impopular, lo que es responsable pero no necesariamente beneficioso en el corto plazo. En muchos casos, lo que se percibe como un «derecho» acaba siendo una imposición que, lejos de beneficiar colectivamente, termina socavando los recursos y el apoyo que se podrían destinar a otros grupos más necesitados.
Peor aún es cuando los Estados quedan secuestrados por intereses económicos particulares de empresas, gremios, organizaciones o sectores específicos. A esto se suma la presión sobre los políticos, quienes se ven obligados a hacer promesas populistas para acceder al poder, promesas que, una vez en el cargo, resultan inviables o irresponsables. Estas decisiones, que deberían ser correctas y necesarias, van en contravía de lo prometido, perpetuando un ciclo de aplazamiento y evasión.
En Colombia, hemos visto cómo los gobiernos, por temor a las reacciones negativas de ciertos sectores, han evitado tomar decisiones impopulares pero necesarias. Ejemplos sobran: el expresidente Iván Duque nunca quiso ajustar el precio de la gasolina ni ampliar la base tributaria, y ningún gobierno se ha atrevido a imponer impuestos justos a motociclistas o a avanzar en la instalación de foto multas. Las decisiones de comprar aviones de combate, aunque necesarias, también fueron postergadas por su impopularidad.
Esto nos ha llevado a un escenario en el que pequeños grupos políticos, económicos y sociales extorsionan al gobierno, amenazando con bloqueos, protestas o escándalos mediáticos. Un caso emblemático es el de los camioneros, quienes han logrado mantener al Estado colombiano como rehén de sus intereses. Cualquier mención de modernizar el transporte de carga o desarrollar redes férreas genera una reacción violenta por parte de este sector, que no duda en paralizar el país para defender sus privilegios.
Es imperativo que Colombia reflexione sobre su futuro. ¿Queremos seguir siendo prisioneros de grupos de interés que solo buscan mantener sus beneficios a costa del bienestar general? ¿O estamos dispuestos a tomar las decisiones sensatas y procedentes que permitirán un desarrollo económico sostenible?
En este momento, la economía colombiana está al borde de una recesión, o en el mejor de los casos, de un estancamiento económico. La mayoría de los colombianos y las empresas están enfrentando grandes dificultades. No podemos seguir subsidiando a unos pocos con el dinero de todos, mientras el resto del país sufre las consecuencias.
Ahora, más que nunca, el Estado debe tomar decisiones correctas y valientes para asegurar la sostenibilidad y solidez de la economía. No podemos permitir que cada año se plantee una nueva reforma tributaria para satisfacer las necesidades de un gremio o sector específico.
Es hora de decir no a las extorsiones, no a los chantajes, y de exigir que el gobierno tenga la capacidad y el coraje de tomar las decisiones necesarias, incluso si eso significa enfrentar protestas. Las autoridades deben estar preparadas para actuar con firmeza, removiendo cualquier obstáculo que se interponga en el camino hacia un futuro más justo y próspero para todos.