La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ha emitido una grave advertencia sobre el impacto potencial del Acto Legislativo N° 18 de 2024, una iniciativa en curso dentro del Congreso que podría, según la entidad, llevar al colapso financiero del Estado colombiano. La propuesta legislativa plantea un incremento significativo en las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) hacia las entidades territoriales, lo que afectaría gravemente las finanzas públicas del país.
La propuesta busca aumentar las transferencias del SGP a un 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) durante un periodo de 10 años, comenzando en 2027. Actualmente, las transferencias del SGP no están vinculadas a un porcentaje fijo, sino que se calculan en función del crecimiento de los ingresos de los últimos cuatro años, conforme al Acto Legislativo 04 de 2007.
Por qué es importante: Este cambio podría generar un aumento significativo en las transferencias, lo que, de acuerdo con ANIF, pondría en riesgo la capacidad del gobierno para financiar otras áreas clave, como la inversión social y el funcionamiento administrativo. La entidad sostiene que esta inflexibilidad presupuestal podría llevar a una quiebra técnica del Estado colombiano, ya que el presupuesto nacional estaría casi completamente comprometido.
El Acto Legislativo N° 18 de 2024 podría comprometer las finanzas del Estado colombiano, según ANIF
Detalles: Si este Acto Legislativo hubiera estado vigente en 2024, el monto transferido al SGP habría alcanzado los 148 billones de pesos, una diferencia sustancial frente a los 71 billones programados para el mismo año, que representan un 22,2% de los Ingresos Corrientes de la Nación. Con la aplicación del nuevo cálculo, el presupuesto del Gobierno Nacional Central quedaría distribuido de la siguiente manera:
- Transferencias del SGP: 46,5%
- Pago de intereses de la deuda: 25,1%
- Pensiones: 18,1%
- Vigencias futuras: 6%
Esto dejaría apenas 15 billones de pesos disponibles para otras inversiones y el funcionamiento del gobierno, una cifra que ANIF considera insuficiente para atender las necesidades del país. Además, si el gobierno intentara mantener los actuales niveles de gasto, el déficit fiscal ascendería al 10,1% del PIB, violando la Regla Fiscal, lo que podría generar sanciones y dificultades para acceder a financiamiento internacional.
Contexto: La iniciativa parlamentaria responde a la necesidad de fortalecer la descentralización y dar más autonomía a las regiones en la gestión de sus recursos. Sin embargo, ANIF sostiene que el enfoque propuesto es peligroso para la estabilidad fiscal del país. En palabras de la entidad, «modificar la fórmula actual del SGP para que represente un porcentaje fijo y alto de los ingresos corrientes, sin una delimitación clara de competencias, pondría en riesgo la solvencia del Gobierno Nacional Central».
La descentralización es un tema que ha ganado fuerza en los últimos años, y muchos sectores coinciden en la importancia de mejorar la autonomía territorial. No obstante, ANIF insiste en que este proceso debe ir acompañado de un análisis riguroso de su impacto en las finanzas públicas, y no puede ser un movimiento apresurado que ponga en peligro la sostenibilidad fiscal del país.
Panorama general: El Acto Legislativo N° 18 de 2024 ha generado preocupación en diversos sectores económicos y políticos, ya que la reforma propuesta obligaría al gobierno a destinar una gran parte de su presupuesto a transferencias territoriales. ANIF ha hecho un llamado a los legisladores para que se considere detenidamente el impacto macroeconómico de esta medida antes de su aprobación.
La entidad propone un debate amplio y profundo sobre cómo avanzar en el proceso de descentralización sin comprometer la estabilidad económica del país. Para ANIF, el reto está en encontrar un equilibrio entre dar más autonomía a las regiones y garantizar que las finanzas públicas se mantengan sanas a largo plazo. De no hacerse de manera responsable, advierten, Colombia podría enfrentarse a un colapso financiero que tendría graves consecuencias para todos los sectores, especialmente aquellos relacionados con la inversión social y la infraestructura.
ANIF ha advertido que la aprobación del Acto Legislativo N° 18 de 2024 en su forma actual podría tener consecuencias catastróficas para la estabilidad económica del país. La propuesta, que busca aumentar las transferencias del Sistema General de Participaciones, podría dejar al gobierno sin margen para la inversión pública y su funcionamiento, lo que pondría en jaque su capacidad de enfrentar crisis económicas y emergencias fiscales. La entidad ha hecho un llamado a los legisladores para que reconsideren esta iniciativa y busquen alternativas más sostenibles para avanzar en el proceso de descentralización.
