El Decreto 044, recientemente firmado por los ministros de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, establece nuevas disposiciones sobre la delimitación de reservas naturales, generando una ola de debates y preocupación en el sector minero.
¿Qué establece el Decreto 044?
El decreto, compuesto por siete artículos en 11 páginas, otorga al Ministerio de Ambiente la facultad de identificar, delimitar y declarar zonas de reserva natural a través de un acto administrativo motivado. Estas áreas se priorizarán por:
- Ecosistemas de importancia ambiental.
- Valores de conservación y servicios ecosistémicos.
- Recursos hídricos esenciales para acueductos municipales o regionales.
- Terrenos que requieran restauración por degradación ambiental.
Las zonas declaradas tendrán una validez inicial de hasta cinco años, con la posibilidad de una única prórroga, pero sin un límite máximo definido para su vigencia.
En caso de establecerse una reserva, se notificará a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para incluirlas en el Sistema Integral de Gestión Minera, restringiendo la explotación en dichas áreas.
Por qué es importante: Desde su publicación, el decreto ha generado rechazo en el sector minero, que alega incertidumbre y riesgo para la extracción formal de recursos. Según representantes del gremio, la medida permite la suspensión de proyectos sin estudios previos ni criterios técnicos claros, afectando la estabilidad de las inversiones y el desarrollo económico regional.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM), en cabeza de Juan Camilo Nariño, ha expresado su preocupación por el impacto del decreto en la minería formal, argumentando que se trata de un cambio abrupto en las reglas de juego. Esto podría fomentar la minería ilegal y poner en riesgo proyectos que cumplen con estándares legales y ambientales.
Un debate en el sector jurídico y ambiental
El 21 de noviembre, la ACM organizó el foro “Decreto 044: Un riesgo latente”, en el que participaron destacados expertos en minería, derecho y medio ambiente. Entre ellos, Juan Fernando Espinal, representante a la Cámara, y abogados como Rodrigo Pombo Cajiao, Hernán Rodríguez y José Vicente Zapata.
Hernán Rodríguez (Dentons Cardenas & Cardenas):
“El decreto da facultades al Ministerio de Ambiente para prohibir la actividad minera en ciertas áreas sin estudios técnicos o ambientales y sin consultar a las comunidades. Esto viola principios de coordinación y concurrencia establecidos por la Corte Constitucional. Además, afecta títulos mineros ya otorgados al bloquear permisos ambientales, lo que prácticamente excluye la minería en estas zonas.”
Rodríguez destacó que, a diferencia del Decreto 1374 de 2013, que tenía una vigencia limitada de un año prorrogable, el Decreto 044 establece períodos más extensos y sin un límite máximo.
Juan Fernando Espinal (representante a la Cámara):
“El Gobierno está legislando vía decreto y suplantando las competencias del Congreso. Esta medida no tiene sustento técnico ni jurídico, y afecta gravemente al sector minero-energético. Además, la delegación de competencias a autoridades ambientales e indígenas podría generar decisiones sin la capacidad técnica necesaria, comprometiendo la producción de recursos clave como el gas.”
Rodrigo Pombo Cajiao (Pombo Caballero Abogados):
“El decreto viola principios constitucionales como la descentralización y la participación democrática. Menos del 10% de las observaciones ciudadanas al decreto fueron consideradas, lo que demuestra una falta de transparencia en su construcción. Además, se afecta la propiedad privada y derechos adquiridos, exponiendo al Estado a una avalancha de demandas judiciales.”
Por qué es importante: El sector minero ha advertido que el decreto podría provocar un impacto negativo en la economía regional y nacional. Con más del 70% de los municipios mineros dependiendo de esta actividad para su sostenibilidad fiscal, las restricciones podrían reducir los ingresos de los territorios, además de desalentar la inversión extranjera en Colombia.
“El ataque frontal a la minería formal podría incrementar la minería ilegal, afectando directamente a las comunidades y al medio ambiente que supuestamente busca proteger”, advirtió Rodrigo Pombo.
Mientras el Gobierno asegura que el Decreto 044 es un paso hacia un modelo sostenible, sus detractores argumentan que la medida carece de bases técnicas y jurídicas sólidas, lo que podría llevar a su judicialización. La ausencia de límites claros y el bloqueo a títulos mineros ya otorgados son aspectos que podrían ser cuestionados en los tribunales.