Los arriendos en Colombia representan un motor económico clave que mueve aproximadamente $55 billones al año, según reveló Mario Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de propiedad Raíz (Fedelonjas), durante la apertura de la 40.ª edición del Congreso Nacional Inmobiliario, celebrado en Medellín.
Este evento, que reúne a los principales actores del sector, también expuso un desafío preocupante: el 57% de los contratos de arrendamiento en el país se realizan de manera informal, lo que limita la profesionalización y regulación de este mercado.
Panorama de los arriendos en Colombia
De acuerdo con Ramírez, el sector inmobiliario colombiano ha mostrado signos de recuperación, registrando un crecimiento interanual del 1,9% en el tercer trimestre de 2024. Este desempeño va en línea con el crecimiento general del Producto Interno Bruto (PIB), que fue del 2,0% en el mismo período, y se proyecta que cierre el año con un incremento de entre 2,2% y 2,6%.
“Este optimismo se fundamenta en factores como la reducción de las tasas de interés y la disminución de la inflación, que estimulan la demanda en el mercado inmobiliario”, destacó el líder gremial.
Sin embargo, la informalidad en los contratos de arrendamiento es un problema persistente. Ramírez detalló que cerca del 40,2% de los colombianos viven en arriendo, lo que equivale a 7 millones de hogares. De estos, más de la mitad no cuenta con un contrato formal, una situación que afecta tanto a los propietarios como a los arrendatarios, dificultando el acceso a beneficios legales y garantías contractuales.
El papel del turismo y las rentas cortas
El mercado de rentas cortas en Colombia está en auge, con un crecimiento proyectado de entre el 4% y el 10% para 2024, impulsado principalmente por el turismo. Este sector se ha convertido en un eje fundamental para la economía nacional, especialmente en ciudades como Medellín, que se ha consolidado como líder en vivienda turística. Según el alcalde Federico Gutiérrez, “este tipo de vivienda aumentó en cinco años del 18% al 72%”, cifra que refleja la creciente demanda por este modelo.
Además, la exigencia de registro en el Registro Nacional de Turismo y la profesionalización del sector están atrayendo a inversionistas locales e internacionales. Sin embargo, Ramírez insistió en que es crucial que el Gobierno establezca “reglas claras” para garantizar la convivencia, la seguridad y el dinamismo del sector.
El presidente del gremio también expresó su preocupación por algunos factores que podrían impactar negativamente al sector, como el incremento en la tarifa de la ganancia ocasional de la pasada reforma tributaria y la reducción de subsidios para programas como Mi Casa Ya. Estas medidas podrían limitar el acceso a vivienda, especialmente en el segmento VIS (Vivienda de Interés Social), afectando tanto al mercado como al empleo relacionado.
“La reducción presupuestaria proyectada para 2025 podría generar una contracción en las ventas y afectar la dinámica del sector constructor. Es crucial que se mantengan políticas que impulsen tanto el mercado de vivienda nueva como usada”, señaló Ramírez.
El gremio inmobiliario aboga por la creación de una política nacional de arrendamiento social que permita a más familias acceder a una vivienda digna y regule el mercado de forma equitativa. Esta medida ayudaría a reducir la alta informalidad, promoviendo la confianza en las relaciones contractuales y brindando mayor estabilidad a los hogares.
Los arriendos en Colombia no solo representan una parte significativa de la economía, sino que también reflejan la necesidad de profesionalizar y regular este sector en crecimiento. La formalización de contratos y el fortalecimiento de políticas públicas serán claves para aprovechar todo su potencial en beneficio de propietarios, arrendatarios e inversionistas.
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