Los gremios del sector gas y energía en Colombia, ante la reciente caída de la reforma tributaria impulsada por el presidente Gustavo Petro, han solicitado una reunión urgente con el Gobierno Nacional.
Gremios de gas y energía solicitan reunión urgente con el Gobierno tras caída de la reforma tributaria
La misiva, firmada por diversas asociaciones como Andesco, Acolgen, Andec, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, expresa la preocupación por el impacto que la no aprobación de la ley de financiamiento podría tener sobre la prestación de los servicios básicos de gas y electricidad, especialmente para los estratos 1, 2 y 3.
La reforma tributaria, que había sido presentada como una solución para cubrir un déficit fiscal de 12 billones de pesos en el presupuesto del 2025, fue archivada el 12 de diciembre por las comisiones económicas del Congreso.
Este hundimiento ha desatado una ola de incertidumbre entre los gremios, quienes alertan que sin la ley en vigor podrían verse comprometidas las condiciones de los servicios públicos esenciales en varias regiones del país.
En la carta dirigida al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y al Ministro de Hacienda, Diego Guevara, las empresas del sector solicitaron de manera formal que se aborden los riesgos inmediatos derivados de la falta de una fuente clara de financiamiento para el sector.
Los gremios sostienen que, sin una solución, la liquidez de las empresas comercializadoras de gas y electricidad se vería severamente afectada, lo que comprometería su capacidad para operar y cumplir con sus compromisos de suministro.
“El archivo de esta iniciativa y los anuncios posteriores generan una gran incertidumbre sobre dos temas fundamentales para el sector y los usuarios: el pago de la deuda de la opción tarifaria y el oportuno giro de los subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas natural para la vigencia 2024 y la apropiación presupuestal correspondiente de los recursos requeridos para 2025”, se lee en el documento entregado por las asociaciones.
La reforma tributaria había sido diseñada para hacer frente a un déficit fiscal histórico, pero su naufragio dejó al gobierno en una situación económica delicada. A pesar de que inicialmente la reforma pretendía obtener 12 billones de pesos, el monto se ajustó a 9,8 billones de pesos después de retirar ciertos impuestos, como el de los juegos de azar y las apuestas en línea, que representaban una cifra cercana a los 2 billones de pesos.
Esta modificación, impulsada por la presión de sectores empresariales y políticos, redujo aún más las posibilidades de que la ley de financiamiento se convirtiera en una realidad.
El senador Miguel Uribe y el representante Christian Garcés fueron dos de los principales críticos de la reforma. Uribe, en particular, calificó el proyecto como “desincentivador” de la formalización empresarial y un factor que podría elevar aún más la carga tributaria para las personas naturales, lo que afectaría negativamente la inversión y el ahorro en el país.
A raíz de esta situación, el Ministerio de Hacienda se vio obligado a aplazar parte del presupuesto para 2025, con un recorte previsto de 523 billones de pesos. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que los programas sociales y los subsidios no se verían afectados, dando indicios de que el Gobierno buscaría alternativas para ajustar sus políticas en los próximos meses.
Solicitudes adicionales de los gremios
Además de la urgente reunión solicitada, los gremios han propuesto algunas medidas para paliar la crisis que enfrentan:
- Un ajuste presupuestal que cubra el déficit de los subsidios para el año 2024 y garantice su inclusión en el presupuesto de 2025.
- La implementación de mecanismos como la titularización de la deuda y la emisión de certificados para gestionar respaldos financieros.
- La búsqueda de alternativas para el cruce de impuestos entre las empresas del sector energético y el Gobierno, con el fin de garantizar la viabilidad financiera de las empresas del sector.
Los gremios han hecho un llamado a la colaboración y la celeridad en la toma de decisiones, dado que la estabilidad del sector energético y gasífero del país depende de una solución pronta y eficaz a la crisis generada por el naufragio de la reforma tributaria.
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