La reforma presentada por el gobierno de Gustavo Petro, con varias modificaciones respecto a la versión del año pasado—algunas introducidas por congresistas—no es tan perjudicial como su propuesta original, pero sigue sin ser la que el país necesita.
Es inadmisible que en un país donde más del 58 % de la población trabaja en la informalidad, se proponga un proyecto que no busque mejorar este indicador. Por el contrario, su aplicación inevitablemente aumentaría la informalidad y el desempleo, pues se enfoca en fortalecer aún más una legislación laboral ya excesivamente garantista, sin atender a quienes están por fuera del sistema formal.
Además, esta reforma desconoce la realidad de las regiones. Fue diseñada con una visión centralista que solo responde a las dinámicas de tres o cuatro ciudades principales, ignorando que el país cuenta con más de 1.120 municipios con problemáticas económicas diversas.
El presidente Petro no debería tomar como un ataque personal ni responder de manera defensiva ante la decisión de la Comisión Séptima del Congreso de archivar la reforma laboral. El Congreso tiene plena facultad para hacerlo y no ha cometido ninguna ilegalidad. Resulta contradictorio que el gobierno haya defendido la aprobación exprés de la reforma pensional—donde una Cámara aceptó sin discusión el texto aprobado por la otra—pero ahora critique la falta de debate sobre la reforma laboral.
Lo que queda en evidencia es que al gobierno no le gusta perder. Cuando una iniciativa no prospera, intenta forzar nuevos intentos hasta obtener el resultado deseado, desconociendo el papel y la legitimidad del Congreso, órgano elegido democráticamente para representar a los ciudadanos.
La reforma laboral debería reconocer el problema del excesivo centralismo y considerar que fuera de las grandes ciudades existen economías frágiles con desafíos específicos. La generación de empleo formal depende, en gran medida, del sector privado. El Estado, por su parte, genera puestos laborales en gran medida burocráticos, sin aportar un valor real a la economía.
En los últimos años, Colombia ha visto un declive en la creación de empresas y un aumento en el cierre de negocios. Esto no solo reduce la oferta de empleos, sino que afecta directamente el crecimiento económico. Para revertir esta tendencia, se requiere una política integral que incentive la inversión privada, garantice estabilidad jurídica y fomente la confianza inversionista.
La informalidad en las regiones persiste porque pocas empresas deciden establecerse fuera de las principales ciudades. Esto se debe a la falta de incentivos, infraestructura deficiente, inseguridad y debilidad económica. Sin medidas que promuevan la productividad y la competitividad en estos territorios, el empleo formal seguirá siendo un privilegio urbano.
En este contexto, la política salarial debe ser más flexible. No es viable que el salario mínimo se fije de manera uniforme para todo el país sin considerar el costo de vida en cada región. Ganar un salario mínimo en Bogotá no es equivalente a recibirlo en regiones como el Bajo Baudó, Tibú o el Catatumbo. Se requieren excepciones y legislaciones adaptadas a las realidades económicas y laborales de cada zona.
Si bien es fundamental que los empleados reciban compensaciones justas por su trabajo en días festivos, dominicales y horarios nocturnos, la solución no puede ser una medida aislada. Se necesita una reforma laboral que contemple un enfoque estructural, que fomente:
- La generación de nuevos puestos de trabajo.
- La formalización de quienes hoy trabajan en la informalidad.
- El acceso universal a servicios básicos en todas las regiones.
Es decir, si se mejoran los índices de pobreza multidimensional, garantizando agua potable, saneamiento, energía, educación, salud, seguridad y acceso a tecnología, se crearán mejores condiciones para la inversión empresarial. Esto permitirá que más compañías operen en las regiones, evitando el éxodo de trabajadores hacia las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales.
Colombia necesita una reforma laboral que responda a las verdaderas necesidades del mercado y que, en lugar de ahogar la creación de empleo, brinde soluciones reales para reducir la informalidad y fortalecer la economía.