David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se encuentra actualmente en el centro de varias polémicas. En las últimas semanas han salido a la luz denuncias graves que involucran presunta precarización laboral en un negocio suyo, así como supuestos actos de clientelismo en entidades públicas. Estas acusaciones –respaldadas por audios, chats y testimonios– han motivado investigaciones formales y un intenso escrutinio público.
A continuación, presentamos uno a uno los escándalos verificados y públicos que rodean al congresista, que en redes se muestra como un crítico de la corrupción y prácticas corruptas.
1. Oferta laboral precaria en el fruver de David Racero: 13 horas de trabajo por $1 millón
El escándalo más reciente estalló por un audio filtrado en el que se escucha a David Racero ofreciendo condiciones laborales extremadamente precarias en su negocio familiar de venta de frutas y verduras (conocido como “fruver”).
En la grabación, Racero propone contratar a una persona para el cargo de cajera con un horario de 13 horas diarias, solo un día de descanso a la semana, y un salario de $1.000.000 de pesos mensuales sin prestaciones de ley.
Incluso señala que la empleada tendría que “hacer de todo” en el local: atender la caja, preparar pulpas de fruta, hacer aseo, lavar baños y pisos, entre otras tareas.
Esta revelación resulta especialmente chocante porque Racero ha sido un férreo defensor de la reforma laboral en el Congreso, la cual busca mejorar las condiciones de los trabajadores. De hecho, mientras celebraba la aprobación de dicha reforma en 2024, ya enfrentaba señalamientos por prácticas que iban en contra de lo que predicaba.
El periodista Daniel Coronell divulgó el contenido de estos audios en su columna (denominada “Falso Racero”) y en W Radio, exponiendo la incongruencia entre el discurso público de Racero y sus prácticas privadas.
Las reformas sociales del gobierno del cambio están por encima de un congresista. pic.twitter.com/G24wAjj9oh
— David Racero (@DavidRacero) May 26, 2025
En el audio se le oye claramente decir frases como: “El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada… de siete de la mañana a ocho de la noche… un día de descanso a la semana… Ellos son toderos: no solo caja, sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baño”. La fecha exacta de la grabación no se ha confirmado, pero Racero posteriormente admitió que su familia administró un pequeño fruver durante seis meses en 2020, el cual ya fue cerrado, insinuando que el audio provendría de ese periodo.
Si bien ofrecer un trabajo en malas condiciones no constituye por sí mismo un delito penal, la difusión del audio ha tenido consecuencias. Por un lado, generó indignación ciudadana y señalamientos de hipocresía política hacia Racero. Por otro lado, sirvió para reforzar una demanda de pérdida de investidura en su contra: el 26 de mayo de 2025, el Consejo de Estado admitió una petición para quitarle la investidura de congresista, señalando, entre otros hechos, posibles incumplimientos en normas laborales vinculados a este caso.
Esta acción judicial, presentada el 13 de mayo de 2025, está ahora en estudio y se acumuló con otra demanda previa de contenido similar. Adicionalmente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una indagación preliminar sobre las conductas de Racero relacionadas con sus negocios y el trato a su personal, para determinar si hubo alguna violación de la ley o uso indebido de recursos públicos. Hasta la fecha, ninguno de estos procesos ha concluido: se encuentran en curso, recopilando pruebas y evidencias.
El congresista ha negado tajantemente las acusaciones de explotación laboral. En un comunicado público calificó la difusión del audio como un “montaje” y una “distracción” malintencionada, argumentando que sería parte de una “estrategia comunicativa” para perjudicarlo. Racero insistió en que se está tejiendo una “cortina de humo” en su contra justo cuando se discuten reformas importantes en el país.
Afirmó además que ese audio “no refleja” su posición actual ni su visión sobre los derechos laborales, pues hoy apoya la dignificación de los trabajadores. El congresista incluso expresó preocupación por la posibilidad de que sus comunicaciones privadas estén siendo interceptadas ilegalmente, comparando la situación con escándalos pasados de chuzadas y espionaje estatal. En resumen, Racero se declara víctima de un “linchamiento mediático” y sostiene su inocencia, confiando en que las autoridades aclaren los hechos.
2. El caso del “fruver”: asistente de su UTL trabajando en su negocio familiar
Otro de los escándalos que rodean a David Racero está relacionado también con su mencionado negocio de frutas y verduras, pero esta vez por el uso de personal de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en actividades privadas.
Según una investigación periodística revelada en 2024 (también por Daniel Coronell), Racero habría destinado a al menos un miembro de su equipo del Congreso a laborar en su fruver, desviándolo de sus funciones públicas.
En chats de WhatsApp de la época de pandemia, su entonces conductor Leonardo García –quien figuraba en la nómina oficial de la UTL– le pregunta: “¿Usted me va a seguir enviando al fruver o fue hasta hoy?”, preocupado por estar realizando tareas ajenas a su cargo.
Racero responde admitiendo que necesitaba su apoyo en el negocio familiar, pero aclarando que “no va a sacarlo de la UTL” y que deben “adaptarse” a esa situación. En otro intercambio, García detalla balances de dos cajas registradoras del mercado (“principal: 222.800; segunda: 577.800”) y coordina pedidos de productos, lo que sugiere que efectivamente trabajaba administrando aspectos del fruver.
Además, de acuerdo con los investigadores, existe un audio del propio conductor mencionando el funcionamiento diario del establecimiento comercial, reforzando la acusación de que su rol como empleado público fue desviado a fines particulares. Estos elementos probatorios (chats y audio) han sido aportados a los expedientes legales en curso.
Utilizar personal oficial para asuntos privados es una falta grave que puede conllevar la pérdida de investidura de un congresista. En efecto, la ley colombiana prohíbe que los funcionarios de la UTL –cuyos salarios provienen de fondos del Estado– realicen tareas ajenas a la labor legislativa.
Por ello, tras las revelaciones, se emprendieron acciones en dos frentes: judicial y disciplinario. En el frente judicial, como mencionamos, el Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura fundamentada precisamente en “la presunta destinación de un asistente del congresista a actividades relacionadas con un negocio de frutas y verduras de propiedad de Racero” en Bogotá.
Según la demanda, el colaborador habría estado dedicado a esas tareas extraoficiales entre noviembre de 2020 y enero de 2021, lo cual implicaría una utilización indebida de recursos públicos.. El caso fue asignado al magistrado Freddy Ibarra y se acumuló con otro expediente similar para ser analizados conjuntamente.
De prosperar este proceso, Racero podría enfrentar la llamada “muerte política”, perdiendo su curul en la Cámara. Paralelamente, en el ámbito penal, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar para determinar si estos hechos configuran algún delito (como peculado de uso, por ejemplo).
Esa investigación continúa en la Sala de Instrucción de la Corte, recopilando testimonios y pruebas sobre el manejo del negocio y el posible uso de personal oficial en el mismo. Hasta ahora, el proceso sigue en curso y no se ha emitido un veredicto final.
El representante ha ofrecido explicaciones y defensas frente a esta acusación. En declaraciones a la prensa, reconoció la existencia del negocio familiar durante la pandemia, pero minimizó la participación de su asistente legislativo. Según Racero, el conductor solo iba al fruver para transportarlo a él y “tal vez algún día ayudó levantando alguna caja”, negando que lo hubiese empleado formalmente como administrador del local.
3. Denuncias sobre su UTL: cobros indebidos y “préstamos” sospechosos
Un tercer flanco de escándalo involucra la relación de David Racero con los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo en términos económicos. Varios chats publicados a finales de 2024 sugieren que el congresista habría exigido parte del salario de sus asistentes, o algún tipo de pago, a cambio de mantenerlos en sus cargos dentro de la UTL.
En particular, se conoció una conversación de WhatsApp entre Racero y Estefanía Montoya, una de sus asesoras en ese entonces. En el chat, Racero pregunta: “¿Cuánto es lo del mes?” y Montoya responde detallándole la cifra de su sueldo y cómo la distribuye: “Cada mes me pagan $8.158.000. Le doy a Yidis $3.500.000. Yo tomo $4.300.000. Quedan $358.000”.
Esta respuesta levantó suspicacias, pues sugiere que Montoya estaría entregando una porción significativa de su salario (3,5 millones) a Yidis Gahona, quien es la pareja de Montoya y, al parecer, otro colaborador cercano a Racero.
En un segundo chat revelado, Racero le escribe a Montoya tras el pago mensual: “Descontando el millón que te debo, ¿cuánto es el saldo?”. Ella le indica un monto ($2.375.000) y Racero le pide: “Estefa, ¿podrías el lunes consignarlos a mi cuenta de tarjeta de crédito?”. Este intercambio llevó a preguntarse por qué, si supuestamente era Racero quien le debía dinero a su asesora, terminaba ella pagando la tarjeta de crédito del congresista.
La gravedad de estas acusaciones motivó a la Corte Suprema de Justicia a abrir un expediente aparte (anterior al caso SENA) en la Sala de Instrucción para investigar a Racero por posible concusión o exigencia indebida a sus empleados. Este es uno de los dos procesos que actualmente cursan contra él en la Corte Suprema.
La investigación está en fase preliminar de recopilación de pruebas; se han citado a declarar a antiguos miembros de la UTL y se analizan los chats publicados. Hasta el momento, no hay imputación formal ni acusación concreta, solo indagaciones en curso.
En paralelo, no se descarta que la Procuraduría General de la Nación evalúe esta conducta bajo el ángulo disciplinario, aunque el foco principal de ese organismo ha sido la denuncia de clientelismo (SENA) que veremos más adelante.
David Racero ha negado rotundamente que haya pedido dinero a sus colaboradores. Cuando Daniel Coronell lo confrontó con el chat de Montoya, Racero alegó que solo se trataba de préstamos de dinero entre amigos.
Según su versión, él y Montoya tenían una amistad de años y a veces se prestaban plata mutuamente, por lo que las conversaciones se habrían sacado de contexto. De hecho, la propia Estefanía Montoya salió en defensa de Racero: publicó un comunicado describiéndolo como un amigo cercano y mentor, negando que “nunca le pidieron una coima” por su trabajo.
Montoya aseguró que el chat divulgado corresponde a un préstamo y no a una entrega de parte de su sueldo; incluso puso en duda la autenticidad completa de los mensajes (insinuando que pudieron ser alterados o interceptados ilegalmente).
Pese a estas explicaciones, muchos observadores encuentran inconsistencias en la versión de la exasesora –por ejemplo, el detalle de las cifras mensuales coincide casi exactamente con el salario oficial de un asistente parlamentario en ese momento, lo que dificulta creer que no provenían de su sueldo–.
4. Presunto reparto de puestos en el SENA (clientelismo político)
El cuarto gran escándalo que involucra a David Racero tiene que ver con supuestas maniobras de clientelismo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una entidad estatal de formación técnica. En septiembre de 2024, Daniel Coronell reveló unos chats de WhatsApp entre Racero y el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, que indicarían un reparto amañado de cargos dentro de la institución.
En uno de esos mensajes, Racero le pregunta a Londoño si veía viable “que los puestos del Centro Democrático en el Cesar nos los den a nosotros”. Cabe explicar que el Centro Democrático tradicionalmente tendría cierta cuota burocrática en cargos regionales del SENA en el departamento del Cesar; Racero, como político de izquierda del petrismo, aparentemente buscaba quedarse con esos cupos para su propio grupo.
En la conversación filtrada, el director Londoño responde con aparente complicidad: “Claro que sí, pero déjale alguito a los Verdes”, insinuando que está de acuerdo con la repartija siempre y cuando se reserve algo para miembros del Partido Verde. Racero remata con un “Jaja” y pregunta: “¿Le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso?”.
Londoño le da el visto bueno. Este intercambio sugiere un acuerdo para mover influencias y asignar puestos públicos por lealtades políticas, involucrando incluso a un familiar de Racero.
Las revelaciones sobre el SENA desencadenaron rápidamente acciones oficiales. La Procuraduría General de la Nación anunció en aquel momento (finales de septiembre de 2024) que abriría investigación, y efectivamente el 23 de mayo de 2025 informó que inició una indagación previa contra David Racero y contra el director del SENA, Jorge Londoño.
El órgano de control disciplinario está recopilando pruebas para determinar si se cometieron faltas gravísimas por manipular la contratación en el SENA. Según la Procuraduría, se investigan “varios audios y conversaciones” revelados por los medios, en los que Racero y Londoño establecerían la manera de vincular personal y estarían analizando un “concurso amañado”, entre otras acciones irregulares.
En el plano penal, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió igualmente una investigación preliminar sobre este asunto (es el segundo proceso que afronta Racero en la Corte, separado del de la UTL).
Dicha indagación en la Corte Suprema se originó también por las denuncias periodísticas, y busca esclarecer si en los chats Racero incurrió en tráfico de influencias u otros delitos contra la administración pública. El hecho de negociar cuotas burocráticas puede configurar conductas penales, aunque por ahora Racero no ha sido formalmente inculpado; la investigación permanece abierta y en etapa de instrucción.
A la fecha (26 de mayo de 2025), ni la Procuraduría ni la Corte Suprema han concluido sus pesquisas. Todos estos procesos están en curso, pendientes de resultados concretos. Mientras tanto, en el Congreso también se siente el impacto político: sectores de la oposición piden explicaciones y algunos aliados del Gobierno toman distancia hasta que se esclarezca la situación.
Frente a estas acusaciones de clientelismo, David Racero ha adoptado una postura de negación y reto a que lo investiguen. Desde que se publicaron los chats, el representante ha negado haber actuado de forma irregular en el SENA.
En comunicaciones oficiales y entrevistas ha manifestado que sus conversaciones fueron sacadas de contexto, y sostiene que no concretó ninguna contratación irregular. Incluso, Racero públicamente pidió que la Corte Suprema y la Procuraduría investigaran el caso, alegando tener la conciencia tranquila.
“Que me investiguen de arriba a abajo”, dijo en esencia, confiando en demostrar que no hubo “repartija” ilícita sino simples discusiones que, según él, no pasaron a mayores. No obstante, las explicaciones de Racero no han convencido a muchos. Ante sus colegas del Pacto Histórico, aseguró que todo se trata de una cortina de humo para desviar la atención de las reformas del Gobierno.
5. Nuevo audio: “cambalache” de puestos entre entidades estatales
Por si fuera poco, en las últimas horas surgió otra grabación comprometedora que salpica a David Racero en presuntas prácticas clientelistas más amplias. En un audio difundido el 26 de mayo de 2025 en el programa Reporte Coronell, se escucha al congresista dialogando con Stalin Ballesteros, quien era director de la agencia estatal Colombia Compra Eficiente (CCE), sobre un posible intercambio de cargos entre esa entidad y la aseguradora estatal Positiva.
En la conversación, Racero muestra interés en negociar un “cambalache”: básicamente, canjear la Vicepresidencia de Positiva Seguros por la Subdirección de la agencia de contratación pública (CCE).
Se oye a Racero hablar en tono coloquial, diciendo: “Papi, recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva… Y puede que yo pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece”.
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También pregunta detalles: “¿Cómo es que es el que me diste? El director de no sé qué… ¿Y qué perfil es? ¿Cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicarle”.
Estas líneas sugieren que Racero estaba actuando como intermediario político: por un lado, Ballesteros (en CCE) le ofrecía un cargo disponible; por otro lado, Racero se reuniría con Juan José (José Luis) Correa, director de Positiva y excompañero suyo en el Congreso, para proponerle el trueque. El trasfondo sería ubicar personas afines a cada uno en las posiciones intercambiadas, consolidando cuotas burocráticas entre entidades del Estado de forma acordada.
asta el momento, David Racero no se ha pronunciado de forma específica y detallada sobre el audio con Stalin Ballesteros. Su línea de defensa general ha sido la misma: denuncia un “linchamiento mediático” y asegura que las grabaciones no reflejan ilegalidad sino conversaciones sacadas de contexto. En redes sociales, tras conocerse este audio, simplemente reiteró que las reformas del Gobierno son más importantes que cualquier escándalo individual, sugiriendo que todo forma parte de una campaña para descarrilar dichas reformas.
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