No se trata de hacer nuevamente una evaluación del mercado laboral en Colombia; se trata de que, con el vasto universo de datos disponibles, los legisladores comprendan realmente qué está ocurriendo y cómo funciona hoy el mercado laboral colombiano, y por ende, el tejido económico y empresarial del país.
Lo primero que hay que dejar en claro, de una vez por todas, es que Colombia no es un país de grandes empresas. Tampoco es una economía abierta al mundo. Seguimos siendo una nación cerrada, con una estructura económica frágil, algo que la pandemia confirmó con contundencia. Estamos lejos de alcanzar los niveles de economías como la, aunque golpeada, ya en recuperación economía argentina. También rezagados frente a Perú, Brasil, México y Panamá. Y con el paso del tiempo, el rezago frente a otros países de la región se profundiza.
Colombia vive atrapada en una tara mental: la idea de que aquí abundan los ricos, los multimillonarios, los grandes empresarios; que todos los empresarios son acaparadores, explotadores, oligarcas. Pero basta con revisar el listado de las personas más ricas del país y compararlo con rankings internacionales para entender el verdadero peso de la economía colombiana.
Otra idea que debemos desmontar es la de que tener muchos millonarios en un país es algo malo. Todo lo contrario: los países con más empresarios exitosos, con más personas acumulando capital, tienden a ser los que más prosperan. Así lo demuestra el ejemplo de Estados Unidos, donde hay miles de millonarios en cada estado. Muchos de ellos, de hecho, no serían considerados millonarios en otros países, pero representan un sólido tejido de clase media alta gracias a un entorno favorable para emprender.
Todo esto lo ha logrado un país que valora y apoya a su empresariado. En Colombia, en cambio, se castiga. Se desprecia al que emprende, se estigmatiza al que genera empleo. No hay peor compañera para el desarrollo económico que la envidia y el resentimiento, y lamentablemente en Colombia abundan.
Es importante mencionar que los congresistas siguen sin tener en cuenta que más del 80% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas (mipymes), y que estas generan más del 82% del empleo nacional. Estas cifras se repiten una y otra vez, pero los legisladores parecen no querer escucharlas, quizá porque están más ocupados en sus campañas.
Además, el país arrastra desde hace más de 15 años una cifra obscena: más del 54% de los colombianos están en la informalidad. Dar un debate sobre una reforma laboral con esta realidad debería ser, por lo menos, improcedente. Esta reforma, tal como está planteada, solo beneficia a quienes ya tienen empleo formal, menos del 60% de la población, y no ataca el fondo del problema.
Mientras el Estado colombiano no cree un verdadero ecosistema de incentivos para que las empresas se formalicen, accedan al sistema financiero, adopten la factura electrónica y superen esa mortalidad empresarial a los dos o tres años, esta reforma no beneficia a nadie.
En cuanto a recargos nocturnos y dominicales, algunos congresistas han propuesto eximir a las mipymes. Nos parece una idea razonable, pero más importante aún sería desmontar impuestos regresivos y nocivos como el ICA, un tributo aberrante, o los anticipos a la DIAN por facturas que ni siquiera han sido pagadas, o que lo son a 90 días.
El principal problema de las empresas en Colombia es la caja, su liquidez. Pero nadie en el Congreso parece entenderlo. ¿La razón? Quienes legislan nunca han tenido una empresa. No saben lo que significa enfrentar las cargas tributarias, los trámites interminables ni la incertidumbre cotidiana del sector productivo.
Por eso, desde este título queremos recordarles: no se trata de legislar sobre el país que creemos que somos, ni sobre el que quisiéramos ser, sino sobre el país que realmente somos.
Y sobre esa base, preguntarnos: ¿qué podemos ajustar hoy?, ¿qué se puede modificar para que se creen más empresas?, ¿cómo lograr que las que ya existen no mueran? ¿Qué condiciones se necesitan para que puedan crecer, formalizarse, pagar mejores salarios y hacer mayores inversiones?
Nada de eso será posible mientras el Estado siga imponiendo cargas tributarias criminales, procedimientos administrativos arcaicos y trabas que nos condenan al atraso frente al resto de América Latina.