En medio de los esfuerzos del Gobierno nacional por avanzar en su política de paz total, el Ministerio de Justicia alista un proyecto de ley que podría cambiar el enfoque con el que Colombia ha enfrentado históricamente el sometimiento de grupos armados al margen de la ley. La iniciativa, que será radicada en el Congreso, propone un tratamiento penal especial para quienes decidan abandonar las armas y someterse voluntariamente a la justicia.
Panorama general: El texto contempla beneficios jurídicos y penas alternativas para los integrantes de grupos armados organizados y estructuras del crimen organizado, con el objetivo de incentivar su transición a la vida civil. Aunque el Gobierno sostiene que se trata de una herramienta clave para desmantelar estas organizaciones, la propuesta promete generar controversia por su alcance y por los actores a los que beneficiaría.
El Congreso de la República se prepara para discutir una nueva propuesta legislativa impulsada por el Ministerio de Justicia, que busca crear un marco normativo para la investigación, juzgamiento y sanción de integrantes de grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado que opten por someterse a la justicia o firmen acuerdos de paz con el Estado.
Por qué es importante: La iniciativa será aplicable en dos escenarios:
Cuando se firme un acuerdo de paz entre el Gobierno y un grupo armado.
Cuando un grupo criminal se someta de manera unilateral a la justicia.
En ambos casos, el proyecto fija un plazo máximo de 18 meses tras la firma del acuerdo o el inicio del sometimiento para activar el procedimiento penal especial. Incluso se contempla la posibilidad de aplicar la normativa de manera parcial y progresiva, si el proceso involucra distintos niveles o estructuras dentro del grupo.
Uno de los pilares del proyecto es la diferenciación de penas con base en el grado de responsabilidad dentro de la organización armada:
Líderes nacionales o regionales y quienes hayan tenido poder de decisión en crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos recibirán penas alternativas de entre 5 y 8 años.
Los integrantes que hayan participado en estos crímenes sin tener capacidad de mando enfrentarán condenas de entre 2 y 5 años.
Para los miembros cuya conducta se limite a la pertenencia al grupo, sin participación directa en delitos graves, se contemplan mecanismos de terminación anticipada del proceso, que podrían incluir penas reducidas o no privativas de la libertad.
Aunque el Gobierno presenta el proyecto como un paso más en su estrategia para lograr una desmovilización masiva de estructuras ilegales, sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos ya anticipan un debate complejo.
Nuevo proyecto de ley propone penas diferenciadas y beneficios para grupos armados que se sometan a la justicia
Compromisos con las víctimas y con el Estado
No se trata de un simple perdón judicial. Para acceder a los beneficios, los excombatientes deberán cumplir con una serie de condiciones estrictas, entre ellas:
Dejar las armas de forma definitiva.
Entregar bienes que hayan sido adquiridos con recursos ilícitos o estén vinculados a la organización.
Contribuir a los derechos de las víctimas, incluyendo verdad, reparación y garantías de no repetición.
Firmar un compromiso formal con el Estado.
Además, el proyecto prevé mecanismos de seguimiento y establece causales claras de pérdida de los beneficios, como:
Reincidencia en delitos dolosos.
Retomar las armas o vincularse a nuevas estructuras criminales.
Incumplir los compromisos con las víctimas o con el proceso judicial.
Asimismo, la Fiscalía General de la Nación deberá priorizar la resolución de los procesos penales pendientes de quienes se acojan al tratamiento, con el fin de facilitar una reintegración efectiva y con garantías jurídicas.
Para algunos, la propuesta podría abrir la puerta a una especie de amnistía encubierta para actores criminales, incluidos cabecillas de redes narcotraficantes. Para otros, se trata de una herramienta necesaria para enfrentar un fenómeno que no ha podido ser controlado solo con fuerza militar.
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