La decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos no solo marca un giro en la política fiscal, sino que también pone sobre la mesa el debate sobre justicia ambiental y redistribución del gasto público.
La medida, que busca modificar el Decreto 1068 de 2015, está abierta a comentarios ciudadanos hasta el 2 de agosto y se presenta como parte del proceso de ajuste del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El argumento del Ministerio de Minas y Energía es claro: no tiene sentido que recursos del Presupuesto General, financiado por todos los colombianos, subsidien camionetas de lujo y cuatrimotos usadas en contextos no esenciales. En palabras del ministro Edwin Palma, «es una decisión que permite avanzar en justicia fiscal y ambiental».
De fondo, el Gobierno espera un ahorro fiscal cercano a los $386 mil millones anuales, una cifra que aliviaría parcialmente el déficit del FEPC, que en 2022 ascendió a más de $36 billones.
Diésel sin subsidio: ¿quiénes pagan más y quiénes quedan protegidos?
La nueva medida se aplicará a vehículos de servicio particular, diplomático y oficial que funcionan con diésel, como automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos. Aunque representan una fracción del parque automotor nacional, estos vehículos consumen un 37 % del diésel destinado a este segmento, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde se comenzará a aplicar el ajuste de precios.
En contraste, los vehículos de carga pesada, el transporte de alimentos y los servicios logísticos no se verán afectados. Esta excepción tiene como objetivo evitar efectos inflacionarios sobre la canasta básica y garantizar que el ajuste no recaiga sobre sectores estratégicos ni sobre las poblaciones más vulnerables.
¿Qué hay detrás del subsidio al diésel y por qué se desmonta ahora?
El subsidio al diésel ha sido una distorsión histórica que, según el Gobierno, favorece desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos. El Ministerio de Hacienda estima que estos reciben hasta diez veces más beneficios que los sectores pobres. Además, el subsidio ha generado un uso masivo de este combustible en vehículos particulares, desplazando la gasolina y afectando negativamente las finanzas públicas y el medioambiente.
Eliminar este beneficio es también una apuesta por alinear el precio del diésel con los niveles internacionales, como ya se hizo con la gasolina, en un contexto de transición energética y lucha contra el cambio climático. En otras palabras, se trata de desincentivar el uso de combustibles fósiles contaminantes y avanzar hacia una matriz energética más limpia y justa.
Aunque el argumento técnico parece contundente, la medida puede desatar tensiones sociales, especialmente en sectores medios y altos que se verán directamente afectados. Vehículos oficiales también quedarán por fuera del subsidio, lo que representa una jugada política simbólica: el Estado no se beneficiará de privilegios que no están disponibles para el resto de la población.
Sin embargo, queda por ver si el Gobierno será capaz de implementar mecanismos de control que eviten trampas y fraudes —como el desvío de diésel subsidiado hacia vehículos no autorizados— y si la ciudadanía comprenderá que este tipo de ajustes buscan equidad, no castigo.
¿Qué viene ahora para el diésel y el mercado de combustibles?
El Ministerio de Minas y Energía invita a la ciudadanía, empresas y gremios a participar activamente en la consulta pública sobre la modificación del decreto. Aunque la eliminación del subsidio al diésel será gradual, empezando por las principales ciudades, representa un hito en la transformación de la política de subsidios energéticos en Colombia.
Además, es probable que esta decisión siente un precedente para otras reformas pendientes, como la focalización de apoyos en servicios públicos, combustibles alternativos o incentivos a tecnologías limpias. En cualquier caso, el diésel como lo conocíamos dejará de ser un combustible con precio artificial para cierto tipo de vehículos, y pasará a reflejar su verdadero costo económico, fiscal y ambiental.