En diálogo con 360 Radio, Juan Fernando Álvarez, exconcejal de Sabaneta, recordó que la inconformidad no solo ha sido suya, sino de la comunidad en general. “Esto ha golpeado los bolsillos de las familias sabaneteñas. Nosotros lo único que hemos hecho es acompañar y aportar en la investigación”, aseguró.
El exconcejal explicó que el aumento estaría directamente ligado a un contrato de operación catastral firmado entre el municipio y la empresa EduHabitat, con una duración de 20 años y un valor de 492.000 millones de pesos. Según Álvarez, este acuerdo compromete a Sabaneta a pagar cerca de 25.000 millones anuales, lo que obliga a fortalecer el recaudo del predial.
Juan Fernando Álvarez, exconcejal del municipio, denuncia fallas en el contrato de operación catastral
“Lo que encontramos fue que en el contrato aparece vinculada otra empresa, lo que genera dudas sobre su legalidad y transparencia. Desde ahí parte la obligación de recaudar cifras elevadas a través del predial, con incrementos injustificados”, indicó.
Además del contrato, Álvarez señala fallas en la socialización del proceso. Según sus denuncias, en 2023 no se cumplió con la interlocución ciudadana ni con la publicación completa de los actos administrativos, como exige la ley. A ello se suma la detección de inconsistencias en las tarifas aplicadas: “Hemos visto casos en que las facturas no coinciden con lo estipulado en el Estatuto Tributario. Incluso hay reportes de incrementos de hasta el 500 %”, explicó.
Sobre los contribuyentes que ya pagaron el impuesto con las tarifas cuestionadas, Álvarez aclaró que, en caso de que el proceso se caiga, no perderían el dinero. “Lo normal es que las administraciones no devuelvan los recursos, pero sí se cruzan con impuestos futuros, quedando como saldo a favor del contribuyente”, afirmó.
Mientras tanto, la comunidad espera que la administración municipal se pronuncie frente a estas denuncias y que el proceso de actualización catastral pueda revisarse a fondo. Para el exconcejal, la esperanza está en demostrar las posibles ilegalidades y proteger a los ciudadanos de lo que considera un cobro desproporcionado.
