El debate sobre la equidad digital llegó al Congreso de la República con la radicación del proyecto de ley Internet Solidario, una iniciativa del Ministerio TIC que pretende transformar el acceso a la conectividad en Colombia. El plan busca que el Internet fijo se considere un servicio público domiciliario y que su financiación tenga un enfoque redistributivo: los estratos altos y grandes empresas pagarían más, para que los hogares más pobres puedan acceder a tarifas reducidas.
Según el ministro TIC, Julián Molina, el objetivo es claro: garantizar que Internet deje de ser un lujo y se convierta en un derecho real para todos los colombianos. En un país donde el 22 % de la población vive en “pobreza digital”, la medida pretende cerrar una brecha que no solo limita la educación y el empleo, sino también la participación en la vida económica, política y cultural.
Internet Solidario: ¿cómo funcionaría este modelo?
El corazón de la propuesta radica en la solidaridad. Los hogares de estratos 5 y 6, así como las grandes empresas, tendrían que pagar un 30 % adicional en su factura de Internet fijo. Con esos recursos, se subsidiaría el servicio en los hogares más vulnerables, principalmente del estrato 1, que podrían acceder a tarifas cercanas a los $35.000 mensuales.
Adicionalmente, el proyecto contempla que los hogares en estrato 1 registrados en el Sisbén A, con acceso a energía y con estudiantes activos, reciban un subsidio de hasta el 55 % del valor de la factura. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio TIC serían los encargados de definir los detalles técnicos y económicos de esta tarifa especial.
¡Reducir la pobreza digital en Colombia, nuestro firme compromiso! Radicamos en el Congreso el proyecto de ley de #InternetSolidario. El Internet fijo debe ser un derecho fundamental y un servicio público domiciliario en Colombia. Hilo 🧵#ConDignidadCumplimos https://t.co/3zhmSS6CGr
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 20, 2025
La apuesta va más allá de una rebaja en el precio: se busca instalar un nuevo pacto social digital, donde quienes más capacidad económica tienen ayuden a sostener el acceso de quienes han quedado históricamente rezagados.
Los datos muestran, según MinTIC, la magnitud del problema: en los hogares más pobres, el gasto en Internet puede llegar hasta al 30 % de sus ingresos totales. Esto implica que, para muchas familias, estar conectados significa sacrificar otras necesidades básicas.
La situación se agrava porque actualmente los operadores ofrecen las mismas tarifas a todos los estratos socioeconómicos, sin diferenciar la capacidad de pago. Así, el acceso a Internet se convierte en un factor de exclusión que perpetúa las brechas en educación, salud y empleo.
Con Internet Solidario, el Ministerio TIC plantea una redistribución que, aunque polémica para los estratos más altos, busca asegurar que más colombianos puedan acceder a la red. El reto, sin embargo, está en el balance entre sostenibilidad económica y justicia social.
¿Qué viene para el debate en el Congreso?
El proyecto de ley llega en un momento en que el país discute la necesidad de modernizar su marco normativo en telecomunicaciones. Convertir el Internet fijo en un servicio público domiciliario abriría la puerta a nuevas obligaciones para los operadores, entre ellas la de ofrecer planes más asequibles y diseñados para los sectores de menores ingresos.
Los defensores del proyecto insisten en que la medida es urgente para reducir la llamada “pobreza digital”, mientras que críticos advierten que el aumento del 30 % en la factura de los estratos altos podría generar resistencias y debates sobre competitividad.
Lo cierto es que la discusión sobre el Internet Solidario toca fibras sensibles: desde el rol del Estado en garantizar derechos fundamentales, hasta la responsabilidad social de quienes tienen más recursos para financiar la conectividad de los más pobres.
Más allá de la controversia, el Internet Solidario plantea un cambio de paradigma en la forma en que Colombia entiende la conectividad. No se trata solo de cables y antenas, sino de oportunidades que llegan a las comunidades más apartadas y vulnerables.
De aprobarse, este proyecto no resolverá de inmediato todos los problemas de acceso, pero sí sentaría las bases para que la conectividad deje de ser un privilegio y empiece a consolidarse como un derecho real y universal.
El Congreso tendrá la última palabra. Entre tanto, el debate ya está sobre la mesa: ¿deben pagar más los que tienen más, para que todos puedan conectarse?