Una vez más, no nos cansaremos de escribir cuantos editoriales sean necesarios. Porque mientras solo podemos rechazar y condenar, quienes sí deben actuar el Gobierno, sus ministros, el presidente Gustavo Petro, se limitan a trinos y comunicados que no cambian la realidad.
Resulta inconcebible que se haya normalizado que supuestas comunidades civiles secuestren a nuestras fuerzas militares y policiales. Ya lo hemos visto: intentos de quemarlos vivos, asesinatos, emboscadas, explosivos colocados en los lugares donde aterrizan sus helicópteros. Y mientras tanto, se reinstalan mesas de supuestos diálogos de paz que solo han servido para alimentar contratos y burocracias, sin un solo resultado concreto en favor de la seguridad nacional.
En las últimas horas, 72 soldados fueron secuestrados y cerca de 45 permanecen retenidos. Lo más grave: se ha revelado que a estos falsos “civiles” se les paga hasta 50 mil pesos por cada uniformado secuestrado. ¿Cómo puede el Gobierno seguir convalidando el crimen bajo el eufemismo de “formas de lucha”? Nuestros soldados están quedando desprotegidos, con la moral por el suelo, sin respaldo, y lo más indignante: si se defienden, son castigados. Terminan en la cárcel por salvar su vida, una paradoja que desnuda la debilidad del Estado.
Y mientras tanto, ellos siguen cayendo. En el último secuestro fueron tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados retenidos por la estructura Carlos Patiño, disidencias de Iván Mordisco. El ministro de Defensa, lejos de actuar, lleva más de una semana lanzando amenazas vacías. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿hasta cuándo permitirá este Gobierno que se humille y se ataque impunemente a nuestras Fuerzas Armadas?
Las asonadas no son nuevas. En muchos barrios del país, cuando la policía intenta capturar a un delincuente, la comunidad entera sale a defenderlo. Ahora lo vemos replicado en zonas rurales: comunidades que, lejos de ser población inocente, se convierten en brazos de estructuras criminales, secuestrando soldados y policías.
¿Qué les podemos pedir a nuestros uniformados? Que se defiendan. Que no se dejen llevar como rehenes, que neutralicen la amenaza. Porque es falso que enfrenten a población civil: son cocaleros, narcotraficantes, células urbanas al servicio del crimen. No pueden seguir cayendo en la trampa de quienes usan a la “comunidad” como escudo.
La “paz total” ha demostrado ser un absoluto fracaso. Hoy, más que nunca, nuestros soldados están servidos en bandeja de plata a la delincuencia. Por eso, es deber de los colombianos exigir al Estado que cumpla con lo más básico: garantizar la protección de quienes cumplen la ley, sean civiles o uniformados.
De lo contrario, Colombia seguirá precipitándose hacia el abismo: un país gobernado por la anarquía, desgarrado por la violencia y abandonado por un Estado incapaz de ejercer autoridad.