El proyecto de ley 193 de 2025, radicado en el Senado el 20 de agosto, plantea convertir el internet fijo en un servicio público esencial y financiar el acceso universal. Sin embargo, varias críticas llueven al Gobierno de Gustavo Petro porque entre sus artículos aparecen disposiciones que preocupan: el Ministerio de las TIC podría adquirir facultades de inspección, vigilancia, control e incluso “toma de posesión” de infraestructura y prestadores, lo que para críticos supone un riesgo directo sobre la independencia de los medios de comunicación en vísperas electorales.
Petro y el MinTIC: control en vísperas electorales
La denuncia fue hecha por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, quien alertó sobre el artículo 10 del proyecto. Según explicó, el texto replica funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, pero ahora aplicadas al sector de las comunicaciones, lo que en la práctica daría al Gobierno la posibilidad de intervenir medios justo a seis meses de unas elecciones clave.
“¿Qué busca el Gobierno al darle a MinTIC facultades de policía administrativa y toma de posesión de los medios?”, cuestionó Valencia, advirtiendo que se trata de una amenaza a la libertad de prensa y a la independencia editorial.
Muy grave este proyecto de ley: le da al Gobierno facultades de inspección, control y hasta toma de posesión de operadores.
Además, incluye una mini reforma tributaria de $500 mil millones que golpea a los usuarios de internet. 💰 pic.twitter.com/jtWm8qL5g1
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 8, 2025
El artículo establece que el ministerio podrá “ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo facultades de policía administrativa y de toma de posesión”. Una atribución que hasta ahora estaba reservada a organismos independientes y que, de ser aprobada, quedaría en manos de una cartera del Ejecutivo.
Pero la polémica no termina ahí. El mismo proyecto propone una sobretasa del 30 % en la factura de internet fijo para estratos 5 y 6, así como para empresas medianas y grandes. El objetivo es recaudar medio billón de pesos al año para financiar subsidios de conectividad a hogares vulnerables.
Aunque la idea de un “cobro cruzado” genera consenso, críticos consideran que una tarifa del 30 % resulta desproporcionada, especialmente cuando el Fondo TIC contará con más de un billón de pesos disponibles para inversión en 2026. “Una cosa es subsidiar y otra muy distinta es castigar con un impuesto excesivo”, advirtió Valencia.
El proyecto ya está en estudio en la Comisión Primera del Senado y cuenta con ponentes asignados. Sin embargo, lo que parecía una iniciativa técnica para ampliar la conectividad terminó encendiendo un debate mayor: el alcance del poder del Gobierno en época electoral, el papel de los medios de comunicación y la calidad misma de la democracia.
Por ahora, la pregunta que retumba en el Congreso y en las salas de redacción es directa: ¿será esta ley de Petro un verdadero avance hacia la conectividad universal o un mecanismo para concentrar más poder sobre los medios a las puertas de unas elecciones decisivas?