Hoy, la Casa Blanca podría tomar una decisión que marcará un antes y un después en la relación entre Colombia y Estados Unidos: la certificación o descertificación de nuestro país en la lucha contra los cultivos ilícitos. Y, con las cifras sobre la mesa, lo cierto es que estamos más cerca de la sanción que del respaldo.
Colombia ostenta un récord vergonzoso: más de 240.000 hectáreas de coca, toneladas de droga que superan cualquier medición oficial y un sistema criminal que se ha sofisticado hasta niveles impensados. Las operaciones de interdicción —lanchas, submarinos, avionetas interceptadas— son apenas un maquillaje que no resuelve el problema de fondo: los cultivos siguen creciendo como tubos rotos que inundan una casa, mientras el Gobierno presume de estar sacando más agua con baldes.
La descertificación no sería un capricho de Washington, sino la consecuencia lógica de un Estado que ha perdido el control del narcotráfico y que, para colmo, ha enviado mensajes ambiguos a sus principales aliados. El presidente Gustavo Petro, con sus fallidas mesas de diálogo con los grupos criminales, ha mostrado una peligrosa ingenuidad frente a organizaciones que no buscan la paz, sino el poder territorial y económico.
Claro, sería injusto cargar toda la culpa sobre Petro. La expansión desbordada de los cultivos ilícitos comenzó en los gobiernos de Juan Manuel Santos y se aceleró durante Iván Duque. Ninguno hizo lo suficiente. Pero Petro no solo heredó el problema: con sus discursos contra Estados Unidos y su improvisación en política antidrogas, ha empeorado la percepción internacional sobre Colombia.
Estados Unidos conoce el mapa completo: rutas que salen por Venezuela con el beneplácito del régimen de Maduro, cargamentos que se mueven por el Pacífico y operaciones que cruzan Brasil y Ecuador. No es un secreto para el Congreso ni para el Departamento de Estado. Por eso, la paciencia se agotó.
El escenario más benigno sería una “reprensión diplomática”: Colombia quedaría en observación durante un año, con la obligación de mostrar resultados. Pero los panoramas más probables son más duros: desde la reducción de apoyos militares y sociales hasta votos negativos en organismos multilaterales. Y el peor, que nadie quiere imaginar: sanciones económicas, aranceles, restricciones de visado. Un golpe directo a nuestra economía y a millones de colombianos.
La pregunta es inevitable: ¿qué hará Petro si llega la descertificación? Su historial sugiere que podría reaccionar con confrontación, lo que sería desastroso. Colombia no puede permitirse abrir un boquete con su principal aliado internacional. La relación con Estados Unidos no es un asunto de egos, sino de supervivencia nacional.
La descertificación, si se da, será la prueba más clara de que Colombia fracasó en la lucha antidrogas. Un fracaso compartido por tres gobiernos y que hoy, bajo Petro, corre el riesgo de convertirse en una crisis diplomática y económica de dimensiones históricas.
