La descertificación de Colombia anunciada por Estados Unidos este 15 de septiembre ha generado un fuerte impacto en la agenda bilateral y en el debate interno sobre la lucha contra el narcotráfico. El gobierno norteamericano, en su determinación presidencial anual, incluyó al país en la lista de naciones que han fallado de manera demostrable en el cumplimiento de compromisos internacionales de control de drogas, junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela.
El comunicado oficial del Departamento de Estado también incluyó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela como países que “han fallado de manera demostrable” en sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico durante el último año. Washington argumenta que estas naciones no adoptaron las medidas necesarias para cumplir con los acuerdos antidrogas, y por ello recibieron la misma calificación que ahora pesa sobre el gobierno colombiano.
Aunque la descertificación supone un golpe político para la administración de Gustavo Petro, el Departamento de Estado aclaró que aún existe una puerta abierta para revertir la decisión.
En un comunicado oficial, se indicó que Washington “considerará cambiar esta designación si el gobierno de Colombia adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”.
¿Qué significa la descertificación y qué consecuencias trae?
La descertificación no implica automáticamente la suspensión de toda la ayuda de Estados Unidos, pero sí condiciona la cooperación y puede traducirse en restricciones financieras, comerciales y diplomáticas. En el comunicado, Washington determinó que la asistencia a Colombia, pese a la descertificación, se mantendrá bajo el argumento de que es “vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.
Esto significa que los programas de cooperación militar y policial seguirán funcionando, aunque bajo un ambiente de mayor desconfianza. La descertificación, más que un castigo económico inmediato, es una señal política que cuestiona los resultados del país en la lucha antidrogas y presiona al gobierno colombiano para tomar medidas más duras contra la producción de cocaína.
El documento del Departamento de Estado es explícito: la inclusión de un país en la lista de naciones con problemas graves de producción o tránsito de drogas no refleja necesariamente la falta de cooperación de sus gobiernos. Sin embargo, en el caso de Colombia, la descertificación se aplicó por el “fracaso demostrable” en el cumplimiento de obligaciones internacionales y por no haber tomado las medidas requeridas en los últimos 12 meses.
Estados Unidos sube la presión en medio de la crisis del fentanilo
El contexto interno en Estados Unidos también explica la dureza de la medida. Washington enfrenta lo que califica como una “emergencia nacional” por el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Según cifras oficiales, más del 40 % de los estadounidenses conoce a alguien que ha muerto por sobredosis de opioides, y entre los 18 y 44 años estas sustancias son la principal causa de muerte.
En ese escenario, la descertificación de Colombia se interpreta como una acción para mostrar resultados ante la opinión pública estadounidense y al mismo tiempo enviar un mensaje contundente a Bogotá. Para la Casa Blanca, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, y la falta de avances sustanciales en la erradicación de cultivos y reducción de la oferta ilícita ha llevado a este nuevo capítulo de tensiones diplomáticas.
Las condiciones para revertir la medida
De acuerdo con el comunicado, Washington exige ciertos compromisos centrales para reconsiderar la descertificación de Colombia:
Erradicación más agresiva de cultivos de coca. Se trata de una medida que genera debate interno en el país, pues choca con la política de sustitución voluntaria defendida por el presidente Petro.
Reducción de la producción y el tráfico de cocaína. Estados Unidos pide acciones medibles y resultados verificables, no solo anuncios de política pública.
Responsabilidad de los actores criminales. En este punto, se exige cooperación judicial más fuerte para llevar ante tribunales a los líderes del narcotráfico, incluso mediante coordinación directa con agencias estadounidenses.
El Departamento de Estado subrayó que un cambio en la designación dependerá de que el gobierno colombiano muestre avances concretos en estos tres frentes y fortalezca la cooperación bilateral.
Un pulso político y diplomático en marcha
La descertificación de Colombia ocurre en un momento clave para la política de drogas del presidente Petro, que busca un enfoque alternativo centrado en la reducción del consumo y el desarrollo rural. Sin embargo, la presión de Washington podría obligar a la Casa de Nariño a ajustar su estrategia para evitar consecuencias más graves en la relación bilateral.
En definitiva, la descertificación no solo es un revés diplomático, sino también un recordatorio del poder que conserva Estados Unidos en la definición de la política antidrogas global. Las próximas semanas serán decisivas para saber si Colombia logra recuperar la certificación o si la crisis se profundiza.