El nombre de Daniel Quintero volvió a quedar en el ojo del huracán. La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, a quienes señala de haber participado en una modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer la restitución ilegal de un predio.
De acuerdo con la investigación, Quintero y su equipo habrían intentado favorecer económicamente a particulares mediante maniobras administrativas que incluían el cambio de condiciones en la cesión gratuita de un lote, para transformarlo en una compraventa. Con ello, buscaban que los tenedores del terreno recibieran más de 40.500 millones de pesos, valor que, según la Fiscalía, no correspondía al avalúo real.
Entre los delitos que se les atribuyen están peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Aunque aún falta el juicio, la acusación formal implica un nuevo revés en la carrera política de Daniel Quintero, quien en los últimos meses había intentado recuperar protagonismo en la escena nacional.
Quiénes más fueron acusados junto a Daniel Quintero
El escrito de acusación detalla que, además de Daniel Quintero, aparecen nombres de exfuncionarios de alto rango de la Alcaldía de Medellín. Entre ellos se encuentran Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria de Movilidad; y Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial.
#Colombia | Fiscalía radica escrito de acusación contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y 12 personas más que estarían involucradas en presuntas irregularidades en el proceso de restitución de un predio. pic.twitter.com/OpFxNCBrQQ
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 16, 2025
También fueron vinculados Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de la Secretaría General; Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; y Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General de la Alcaldía.
Además, la Fiscalía señaló a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, presuntos beneficiarios directos de las operaciones irregulares con el lote en cuestión.
Cómo habrían operado Daniel Quintero y su equipo
Según los investigadores, los hechos ocurrieron entre febrero de 2020 y mayo de 2023, periodo que coincide con la administración de Daniel Quintero en Medellín.
El expediente sostiene que, como parte de una conciliación prejudicial, los exfuncionarios intentaron modificar la naturaleza de la cesión gratuita del terreno, convirtiéndola en una compraventa con el fin de entregar recursos millonarios a los particulares.
Al no prosperar esa maniobra, la Fiscalía asegura que Quintero y el entonces secretario General de la Alcaldía, Fabio Andrés García Trujillo, expidieron actos administrativos irregulares para inflar el avalúo del lote, facilitar su entrega a los particulares y abrir la puerta al desarrollo de actividades urbanísticas que estaban prohibidas en el POT.
El peso político de la acusación contra Daniel Quintero
El caso es un golpe fuerte para Daniel Quintero, quien siempre ha presentado su carrera política bajo el estandarte de la lucha contra la corrupción y el discurso de renovación. Este proceso judicial lo ubica ahora en la misma situación que muchos de sus críticos le reprochaban: tener que responder ante los jueces por presuntos actos de corrupción administrativa.
Si bien la defensa de Quintero aún no se pronuncia oficialmente, el ambiente político en Medellín y en el país se agita con la noticia. El escrito de acusación deja claro que los hechos aún deben resolverse en juicio, y que los investigados conservan la presunción de inocencia. Sin embargo, el solo hecho de haber sido acusado formalmente ya representa un desafío enorme para su imagen pública.
La Fiscalía entregó los elementos probatorios a un juez, quien deberá decidir si llama a juicio a Daniel Quintero y los demás acusados. Por ahora, el ente investigador insiste en que las pruebas muestran cómo se habría buscado beneficiar a particulares con más de 40.500 millones de pesos mediante decisiones contrarias a la ley.
De confirmarse estas acusaciones, el caso podría convertirse en uno de los procesos de corrupción más relevantes en la historia reciente de Medellín, y marcaría de forma decisiva el futuro político de Daniel Quintero y de quienes hicieron parte de su equipo de confianza.