El reloj de la reforma pensional sigue corriendo. Mientras la Corte Constitucional estudia la validez del trámite legislativo que dio origen a la norma, los fondos privados agrupados en Asofondos lanzaron una advertencia, si el tribunal declara la reforma exequible, será necesario un plazo mínimo de transición para poder implementar el nuevo régimen sin poner en riesgo la operatividad del sistema.
Andrés Velazco, presidente de Asofondos, aseguró que lo prudente sería contar al menos con dos meses para ajustar los procesos internos y evitar cualquier error que se pueda generar como que se produzcan dobles cotizaciones de un mismo mes.
Si la Corte da vía libre, será indispensable que nos concedan tiempo para procesar todos los cambios poblacionales que se han presentado desde el 1° de julio. No se trata de retrasar la entrada en vigencia, sino de evitar problemas técnicos y legales”, advirtió.
La reforma pensional y su pulso en la corte
Hasta este viernes, 19 de septiembre, la Cámara de Representantes tiene plazo para entregar a la Corte Constitucional las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio, en las cuales habría corregido el error detectado en el trámite de la ley. Se trata de un vacío que obligó al tribunal a suspender la entrada en vigor de la reforma, la cual estaba estipulada para el pasado 1 de julio.
El vacío se presentó en el segundo debate, el cual se estaba llevando a cabo en la plenaria de la Cámara, cuando se aprobó una proposición sustitutiva que se acogía directamente al texto que pasó por el Senado, sin que antes de debatieran o se votaran las proposiciones radicadas en esa instancia. La Sala Plena de la Corte consideró que vulneró el principio democrático y los derechos de las minorías parlamentarias, por lo que ordenó devolver el proyecto para subsanar en el error.
En medio de la expectativa por el fallo definitivo que vaya a emitir la Corte. Asofondos no es el único sector que ha pedido un plazo de implementación, según Velazco, el Banco de la República y los operadores de las planillas de liquidación de aportes (PILA), también han coincido en la necesidad de un tiempo razonable para poner en marcha al nuevo régimen. Mientras operadores sugieren un plazo de seis meses, Asofondos propone dos meses de transición.
La transición y los opcionales
La suspensión de la reforma no ha detenido la vida laboral de los colombianos. Desde julio los trabajadores han seguido cotizando sus semanas para pensión con total normalidad y eso, según Velazco tendrá un impacto directo en el grupo de personas elegibles para realizar la transición.
“Las mujeres con 750 semanas o más y los hombres con 900 semanas o más antes de la entrada en vigencia de la reforma podrán acogerse al régimen de transición. Cada semana que se suma desde julio aumenta el número de ciudadanos que tendrán derecho a mantener beneficios del sistema actual”, explicó el presidente de Asofondos.
El gremio también hizo énfasis en que durante estos meses varias personas han alcanzado la edad para pensionarse, lo que les ha permitido acceder a la devolución de los saldos. Al mismo tiempo recordó que la Corte exceptuó dos artículos claves de la reforma el que regula la elección de las Acai (administradoras de los componentes complementarios individuales) y el que habilitaba a los colombianos que complementaron semanas al 30 de junio para trasladarse si están a menos de diez años de pensionarse.
En la práctica, estas excepciones le han permitido a Asofondos realizar más de 200.000 asesorías a las personas afiliadas que evalúan la situación en medio de la incertidumbre por lo que vaya a decir la Corte y por lo que genera la reforma pensional en sí.
La discusión está abierta. Por ahora, millones de trabajadores y pensionados esperan el veredicto de la Corte que definirá no solamente el sistema pensional colombiano, sino también las reglas de juego para aquellas personas que están a punto de pensionarse.
“Lo peor que puede pasar es que la reforma entre a regir de manera inmediata, sin que los fondos, los bancos y los operadores tecnológicos estemos listos. Eso generaría confusión entre los afiliados y riesgos de fallas en la liquidación de aportes”, enfatizó Velasco.