El presidente Gustavo Petro fue demandado mediante acción de tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales, luego de referirse de manera despectiva al nombre Brayan durante un Consejo de Ministros.
¿Por qué un ciudadano interpuso la tutela contra Petro?
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción legal presentada por Jhon Brayan Enciso Quintero, quien aseguró sentirse directamente afectado por las palabras del jefe de Estado. El ciudadano argumenta que las declaraciones vulneran sus derechos al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad. Por esa razón, busca que el presidente rectifique públicamente.
El proceso también fue remitido a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, además de vincular a la Presidencia de la República y a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que tengan conocimiento del trámite judicial.
¿Qué dijo el presidente Petro sobre los Brayan?
La polémica surgió tras las afirmaciones del mandatario en el más reciente Consejo de Ministros, donde señaló:
“Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayan’s. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres a quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas. Uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada. Los Brayan’s son hombres vampiros porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”.
Estas palabras colocaron nuevamente el debate en redes sociales, pues muchos lo consideraron un comentario clasista y estigmatizante hacia quienes llevan ese nombre, común en sectores populares del país.
Colectivos y académicos han advertido que este tipo de comentarios, cuando provienen de figuras de poder, refuerzan prejuicios culturales y profundizan desigualdades. Para los accionantes, lo dicho por el presidente Petro no solo afecta a una persona, sino a miles de colombianos que comparten ese nombre.
Aunque la tutela busca la rectificación del mandatario, el debate abre una pregunta más amplia sobre los límites del discurso político y el deber de los líderes de evitar generalizaciones que afecten la dignidad de los ciudadanos.
Mientras tanto, la acción legal contra Petro mantiene viva la discusión sobre cómo el lenguaje reproduce —o puede desmontar— las estigmatizaciones que pesan sobre ciertos nombres en el país.