El Congreso Fenalco en Medellín deja unas conclusiones sencillas pero urgentes: la seguridad se confirma hoy como una de las máximas prioridades del país. Se trata, eso sí, de una seguridad distinta según cada grupo poblacional, social o económico, pero que en todos los casos se convierte en un punto de encuentro. La seguridad, la confianza entre el ciudadano y el Estado, y las garantías mínimas para trabajar en Colombia deberían ser principios básicos de convivencia, casi de sentido común. Sin embargo, en nuestro país esos mínimos no se cumplen.
Una de las conclusiones más claras del congreso de empresarios y comerciantes es contundente: los tenderos, pequeños comerciantes y empresarios de todos los tamaños no están pidiendo regalos ni privilegios; lo que exigen es que no se les quite lo poco que tienen y que, al menos, se les ofrezcan condiciones mínimas para trabajar. Esa reciprocidad debería ser inherente al contrato social: se pagan impuestos, se ceden derechos y el Estado, a cambio, debe garantizar protección y condiciones dignas para el desarrollo económico.
En teoría, el ciudadano renuncia a la defensa personal y a portar un arma porque el Estado debe proveer seguridad. En teoría, también renuncia a construir ventajas económicas particulares porque el Estado, al administrar tributos y competencias, debería propender por el bienestar colectivo. Pero lo que reciben hoy los tenderos y comerciantes está muy lejos de esa promesa: extorsiones, fleteo, inseguridad, boleteo. A esto se suman unas condiciones económicas precarias, con una inflación que sigue siendo elevada para un país como Colombia y un desempleo que, pese a los discursos oficiales, continúa afectando gravemente al comercio y al consumo.
Sí, algunos indicadores muestran un repunte. Pero este despegue, vale la pena aclararlo, se explica más por fenómenos externos como el narcotráfico o el lavado de activos que por políticas económicas estructurales. De no ser por esas distorsiones, el panorama sería mucho más crítico.
El mensaje de Medellín, entonces, es diáfano: desde el vendedor informal con un pequeño puesto en la calle hasta la gran empresa que genera miles de empleos, todos necesitan una relación más horizontal y justa con el Estado. Esa relación debe estar basada en la reciprocidad. Y lo que esperan los empresarios, comerciantes y tenderos de Colombia es claro: protección frente a la inseguridad, condiciones económicas estables, acompañamiento en procesos de formalización, apoyo en la generación de empleo.
El Estado no debe ver al empresario como un enemigo, sino como un aliado para impulsar desarrollo. Esa es la petición que une a todos los sectores: seguridad, confianza y reciprocidad.
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