Las alcaldías de Bello y Medellín dieron un paso clave para resolver uno de los procesos urbanísticos y sociales más complejos del Valle de Aburrá, la regulación del asentamiento Nueva Jerusalén.
Tras varias reuniones y debates que se desarrollaron en el Concejo de Medellín, funcionarios de ambas administraciones acordaron conformar una mesa técnica que será la encargada de coordinar las gestiones pendientes en torno al predio “El Cortado”, pieza central en este proceso.
Mesa técnica entre Medellín y Bello busca avanzar en la legalización del asentamiento Nueva Jerusalén,
La decisión se tomó después de los análisis realizados alrededor de un proyecto de Acuerdo Distrital que busca transferir a Bello dos predios que son propiedad de Medellín. “El Cortado”, ubicado en la comuna 1, y “Belvedere”, en la comuna 11. Sin embargo, la discusión puso sobre la mesa un aspecto determinante, el predio “El Cortado” está sujeto a una Acción Popular que involucra tanto Bello como a Medellín, lo que obliga agotar todos los trámites judiciales antes de concretar cualquier cesión.
El secretario de Planeación de Bello, Juan David Casas, explicó que el avance alcanzado no se limita a la discusión de un predio, sino que representa un paso hacia la regulación de Nueva Jerusalén. “Sabemos que por la ubicación geográfica de ‘El Cortado’, Medellín deberá ceder este predio, pero antes debemos cumplir con las acciones que nos han impuesto a ambas alcaldías en el fallo. Por eso celebramos que el estudio de este acuerdo haya aportado a que las dos administraciones nos sentemos a concretar la regularización para el bien de esta comunidad”, señaló el funcionario.
En ese mismo sentido, los concejales ponentes del proyecto, Leticia Orrego, Andrés Tobón y Andrés Rodríguez, propiciaron un encuentro entre representantes de la Alcaldía de Bello y la Subsecretaría de Gestión de Bienes de Medellín. Como resultado, se estableció una mesa técnica como instancia de coordinación y diálogo permanente.
La concejala Leticia Orrego, coordinadora de la ponencia, aclaró que la decisión de retirar los inmuebles del proyecto responde a la necesidad de avanzar primero en los compromisos judiciales. “Después de esta mesa de trabajo se toma la decisión de retirar estos inmuebles hasta tanto no se continúe con las mesas técnicas que tenían entre las dos administraciones. Cuando se tenga claridad, se podrá retomar por parte de la administración”, indicó.
El trasfondo del caso
Nueva Jerusalén es un asentamiento informal que hoy alberga a cerca de 25.000 habitantes y se extiende por 60 hectáreas en límites de Bello y Medellín. Su desarrollo desordenado lo ha mantenido en un situación jurídica y urbanística durante varios años, lo que ha impedido que muchas familias accedan a servicios públicos, legalización de predios y otras garantías.
El predio más grande que lo compone es el ya mencionado “El Cortado”, el cual le pertenece al municipio de Medellín, pero por jurisdicción también involucra el municipio de Bello. Alrededor del año 2000 se instauró una acción popular que responsabilizaba a ambas alcaldías a dar una solución al proceso de regularización. Desde entonces, se han implementado algunas medidas, pero la complejidad del caso ha retrasado decisiones de fondo.
La reciente modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el municipio de Bello, abrió una ventana de oportunidad al permitir el cambio del uso del suelo de rural a urbano. Esto abre la puerta a que se pueda avanzar en procesos de legalización, titulación y prestación de servicios públicos, siempre que se cumplan los lineamientos judiciales.
Lo que viene
La instalación de la mesa técnica representa un nuevo capítulo en este proceso que involucra a cientos de familias. Ahora depende de la articulación entre Bello y Medellín, aunque el proyecto de Acuerdo Distrital que incluía la cesión del predio “El Cortado” fue frenado, la decisión de ambas alcaldías de trabajar de manera coordinada puede acelerar las soluciones en Nueva Jerusalén.
La expectativa de los habitantes es alta. En la medida en que se avance en la regularización, será posible integrar este asentamiento al tejido urbano, dotarlo de infraestructura física y dar mayor seguridad jurídica a miles de familias que llevan más de dos décadas esperando una solución.