El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el sistema pensional en Colombia al solicitar formalmente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el traslado de al menos $9 billones correspondientes a los aportes de trabajadores que ejercen labores de alto riesgo.
De acuerdo con el funcionario, estos recursos deben pasar al Régimen de Prima Media (RPM) porque así lo establece la Ley 100 de 1993, que determinó que empleados como bomberos, mineros y guardianes de prisiones no pueden cotizar en los fondos privados, dado que cuentan con un régimen especial que les permite acceder a una pensión anticipada bajo condiciones subsidiadas.
Colpensiones y Asofondos enfrentados por $9 billones de cotizaciones de alto riesgo
Durante un foro sobre las reformas sociales, Dussán señaló que esta decisión ya fue comunicada al superintendente financiero, César Ferrari. Según explicó, la medida busca corregir lo que calificó como “un error histórico” de gobiernos anteriores, que permitieron la afiliación de personas de alto riesgo a fondos privados, pese a que la normativa lo prohíbe.
“Los fondos privados se quedaron con la gente de alto riesgo. Eso fue una equivocación, una alcahuetería de los gobiernos anteriores. Esta población debe estar en Colpensiones”, manifestó Dussán.
El presidente de Colpensiones argumentó que estos recursos aliviarían las cargas del Presupuesto General de la Nación y permitirían fortalecer el Pilar Solidario, con el cual se financia un subsidio para cerca de tres millones de adultos mayores sin pensión.
Sin embargo, la propuesta no fue recibida sin reparos. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gremio que agrupa a las AFP, aclaró que son los mismos trabajadores quienes deciden en qué régimen cotizar. Recordó que en 2003, con el Decreto Ley 2090, se estableció un plazo de tres meses para que quienes estaban en actividades de alto riesgo se trasladaran a Colpensiones.
“Muchos optaron por permanecer en los fondos privados, y el Ministerio de Trabajo en 2004 determinó que, si no hacían el traslado dentro del plazo, los aportes adicionales se consignarían en el fondo en el que estaban afiliados”, explicó Velasco.
El directivo también resaltó que este régimen solo aplica a quienes cumplan con los requisitos: tener al menos 55 años de edad y 700 semanas cotizadas. Bajo este esquema, quienes logren pensionarse anticipadamente solo pueden hacerlo a través del régimen público, ya que se trata de una prestación subsidiada.
Ante la solicitud de Colpensiones, las AFP y el Gobierno acordaron instalar mesas técnicas en los próximos días para identificar a los trabajadores que cumplen los criterios del régimen especial o están cerca de cumplirlos.
No obstante, Asofondos advirtió que aún no es posible determinar si deberán trasladar la totalidad de los $9 billones solicitados, pues el monto dependerá del número de afiliados que efectivamente hagan el traslado.
En caso de que un trabajador en alto riesgo decida permanecer en un fondo privado, no podrá pensionarse bajo las condiciones especiales de anticipación. En ese escenario, recibirá únicamente el beneficio correspondiente a su ahorro individual más la rentabilidad acumulada, lo que representa una diferencia significativa frente al régimen subsidiado de Colpensiones.
El debate sobre el futuro de estos recursos y la manera en que impactarán el sistema pensional colombiano apenas comienza. Mientras Colpensiones insiste en que la ley le da la razón, las AFP recalcan que la decisión final está en manos de los afiliados.
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