El panorama de la infraestructura en Colombia enfrenta un momento crítico. De acuerdo con un sondeo reciente, 33 proyectos de infraestructura se encuentran en litigios o demandas ante tribunales de arbitraje, una situación que amenaza con frenar la ejecución de importantes obras viales y férreas en todo el país.
Litigios y demoras frenan el avance de proyectos de infraestructura en Colombia
De esos procesos, 24 corresponden a controversias internacionales y 19 a nacionales, involucrando contratos multimillonarios y proyectos estratégicos para la conectividad. Entre los más representativos se encuentran la Ruta del Sol 1 y 2, el corredor Córdoba–Sucre, la Red Férrea del Pacífico y la vía Bucaramanga–Pamplona.
El presidente de ProIndesa, Alberto Mariño, expresó su preocupación por el impacto de estos litigios, asegurando que la falta de estructuración técnica y financiera ha sido una de las principales causas del problema. “En las vías 5G hay una gran cantidad de controversias en tribunales de arbitramento. Buga–Buenaventura tiene tres pleitos y las vías del Magdalena ya tienen dos”, señaló Mariño.
Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto Mulaló–Loboguerrero, adjudicado en 2015 y con fecha de entrega prevista para 2022. Sin embargo, los retrasos en licencias ambientales y consultas previas han paralizado su desarrollo. Mariño advirtió que “el proyecto no va para ninguna parte”, al encontrarse en medio de un proceso judicial que podría prolongarse varios años más.
Las demandas en el sector de infraestructura no solo implican el riesgo de perder billones de pesos, sino que también afectan la ejecución de los contratos adjudicados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Además, los procesos legales exigen recursos, pruebas y trámites extensos que dilatan aún más las soluciones.
Desde el Gobierno, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la gestión actual señalando que los principales obstáculos son de tipo ambiental y no por falta de ejecución presupuestal. La funcionaria propuso reprogramar las vigencias futuras para reasignar recursos de proyectos que no avanzan hacia otros con mejor viabilidad.
“Existen fiducias, como la de Mulaló–Loboguerrero, que no ha puesto un ladrillo y ha recibido pagos por más de $2,2 billones. No es incumplimiento del Gobierno, es un uso ineficiente del dinero en ese momento específico”, afirmó Rojas.
Entre los proyectos con vigencias futuras autorizadas hasta 2032 se destacan la segunda línea del Metro de Bogotá, la restauración del Canal del Dique, el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná y el corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga.
Un informe reciente de Bancolombia advierte que, si bien Colombia mantiene estabilidad macroeconómica, la presión sobre el Tesoro Nacional podría dificultar el cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de estos compromisos a largo plazo.
La combinación de demoras judiciales, deficiencias en planeación y tensiones fiscales plantea un escenario complejo para el futuro de la infraestructura en el país, un sector clave para la competitividad y la generación de empleo.