El difícil acatamiento de la ley y de las normas en general por parte de los condcutores de motos plantea una pregunta de fondo: ¿por qué muchos de ellos consideran que están por encima de cualquier reglamento o regulación? ¿De dónde nace la idea de que tienen un trato preferencial o una especie de “corona” frente al resto de ciudadanos?
Algunos argumentan que representan a la mayoría, que son trabajadores y que mueven el país. Sin embargo, esta justificación se cae por su propio peso: millones de colombianos que utilizan el transporte público, caminan, van en bicicleta o conducen vehículos particulares también contribuyen al funcionamiento diario del país. No son solo los motociclistas quienes sostienen la economía o garantizan la movilidad.
Por otro lado, preocupa el uso de la presión y la amenaza como métodos de negociación. No es comprensible que un grupo recurra a bloquear una ciudad, dejar sin transporte a más de un millón de personas o atacar a quienes no comparten sus protestas. Este tipo de acciones, además de afectar derechos colectivos, rozan con la extorsión y la intimidación. Antes deberían sentirse afortunados de que ningún gobierno, alcalde o autoridad haya decidido ponerlos en cintura con la firmeza que el tema amerita.
A esto se suma un punto fiscal y de responsabilidad ciudadana. No todas las motocicletas pagan impuestos, y en muchos casos el impuesto de rodamiento no se aplica. Tampoco contribuyen con peajes y, según cifras oficiales, más del 60% circula sin SOAT vigente, pese a que el actual gobierno les otorgó un descuento del 50% en ese seguro obligatorio. En la práctica, los propietarios de vehículos particulares terminan subsidiando a los motociclistas.
El argumento de que las motos no desgastan las vías ni ocupan el mismo espacio que un carro también resulta insostenible. Las estadísticas muestran que son los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito, los que más víctimas peatonales dejan y, lamentablemente, desde donde se cometen múltiples delitos.
Existe, además, un fenómeno social y político que no se puede ignorar: la capacidad de presión de este sector ha generado una especie de intocabilidad. Algunos de sus representantes han logrado influir en concejos y administraciones locales, como el caso del Fuchi en Bogotá, al punto de que pareciera que nadie puede cuestionarlos o regularlos.
El reciente episodio en la capital, donde se levantaron contra una medida temporal de solo tres días destinada a proteger la vida de los bogotanos, deja una reflexión inquietante. No puede ser que un grupo se imponga por la fuerza y el desorden ante una autoridad legítima que busca el bienestar general. La ley y las normas son para todos, sin excepción. Y cumplirlas no debería ser un privilegio, sino una obligación mínima de convivencia ciudadana. motos
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