Aún no inician formalmente las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, pero el debate ya comenzó a generar tensiones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. Aunque la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales solo se reunirá oficialmente en la primera quincena de diciembre, las posiciones preliminares anticipan una discusión compleja.
El salario actual es de $1.423.500, y cualquier incremento impactará directamente a cerca de tres millones de trabajadores del país. Sin embargo, el proceso parte con un ambiente de confrontación luego de que el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, anunciara que el gremio de los comerciantes no participará en la mesa de concertación.
El debate por el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 enfrenta al Gobierno con los empresarios
Cabal tomó esta decisión tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en septiembre de 2025 sugirió que el salario mínimo debería aumentar alrededor del 11%. Según el dirigente gremial, este tipo de pronunciamientos anticipados hacen que el proceso de concertación pierda sentido. “El Gobierno ya tiene definida la cifra, y asistir a una mesa donde todo está decidido es una burla”, afirmó.
El empresario advirtió que un incremento del 11 % en el salario mínimo es “insostenible” para las empresas, teniendo en cuenta los costos adicionales derivados de la reducción de la jornada laboral y los efectos de la reforma laboral. Con ese ajuste, el salario básico quedaría en $1.580.085, una cifra que, según Fenalco, pondría en riesgo la sostenibilidad de miles de negocios.
Frente a estas declaraciones, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la postura de Cabal como un “acto de cobardía” y una actitud “mezquina”. El funcionario invitó a Fenalco a participar de la discusión y recordó que la mesa de concertación es el espacio legítimo para debatir el incremento salarial. “El diálogo social es la base de la democracia. La prioridad debe ser mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan”, aseguró Sanguino.
Por ahora el Gobierno no ha presentado una propuesta oficial, y los demás gremios empresariales tampoco han revelado sus estimaciones. No obstante, varias voces del sector privado coinciden en que el ajuste no debería superar el 7%, para evitar presiones sobre la inflación y facilitar el manejo de la política monetaria del Banco de la República durante 2026.
En las próximas semanas se conocerán las primeras posiciones de las centrales obreras, que suelen pedir aumentos superiores al promedio de la inflación. Así, el cierre de 2025 volverá a estar marcado por uno de los debates económicos más sensibles del país: cómo equilibrar las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas.
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