La propuesta de aumentar el salario mínimo de 2026 en torno al 10,8%, como sugirió recientemente el ministro del Interior, Armando Benedetti, encendió las alertas en Fedesarrollo. Según el centro de investigación económica, un incremento de esa magnitud, que elevaría el salario a cerca de $1,8 millones, podría tener un efecto directo sobre los precios, en especial por el impacto que tendría sobre los costos de las pequeñas y medianas empresas.
Panorama general: Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que una subida del mínimo por encima de la inflación proyectada para 2025, que se estima superior al 5%, golpearía a los comerciantes que operan con márgenes muy reducidos. “Esto ya se ha visto este año. Un pequeño comerciante con márgenes de 2%, máximo 3%, si enfrenta un aumento salarial de 11% en su principal costo de operación, no tiene otra alternativa que trasladar ese incremento al consumidor final mediante precios más altos”, señaló.
El economista recordó que los efectos del alza de 9,54% aplicada en 2025, también por encima de la inflación del año anterior, que cerró en 5,2%, han sido notorios durante los últimos meses. “El país lleva cuatro meses con una inflación estancada por encima del 5%”, subrayó Mejía, quien añadió que los incrementos salariales desbordados respecto al costo de vida tienden a frenar los avances en la reducción de precios.
Subir el salario mínimo 2026 al 10,8% pondría en riesgo la estabilidad de precios, advierte Fedesarrollo
Por qué es importante: En la misma línea, un reciente informe del grupo de investigaciones económicas de Bancolombia concluyó que un aumento del salario mínimo superior al 10% complicaría el cumplimiento de la meta de inflación del Banco de la República, fijada en 3%. De acuerdo con sus proyecciones, si el salario base alcanza los $1,56 millones (sin auxilio de transporte), la inflación se mantendría en torno al 4,34%; pero si el ajuste llega al 11%, como plantea el Gobierno, subiría a 4,41% al cierre de 2026.
Ante este panorama, Fedesarrollo llamó a que las discusiones en la mesa de concertación salarial, que se instalará el próximo 1 de diciembre, tengan en cuenta tanto la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como los riesgos inflacionarios que implican incrementos excesivos. El objetivo, insistió Mejía, debe ser encontrar un equilibrio que proteja el ingreso real de los hogares sin poner en riesgo la estabilidad de precios.
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