La Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones por el escándalo de la UNGRD e Invias y recientemente conoció un listado que podría cambiar el rumbo del caso. Los cuadros y listas, entregados por María Alejandra Benavides, detalla la asignación de proyectos y recursos a varios congresistas para su ejecución en municipios del país. Los ivnestigadores sostienen que la tabla podría constituir una de las pruebas más delicadas dentro del expediente, pues sugeriría una posible relación entre los cupos indicativos y el respaldo político al bloque oficialista.
En los cuadros, publicados por equipo periodístico de Blu Radio, se observan nombres de varios congresistas que fueron tenidos en cuenta por Andrea Ramírez y Ricardo Bonilla manejaban presuntamente para “cuidar la gobernabilidad”.
Congresistas que aparecen en las tablas de los cupos indicativos de Invias y UNGRD que entregó MA Benavides y manejaba Bonilla:
📌 Efraín Cepeda
📌Juan Pablo Gallo
📌Julio castellanos
📌 Katherine Miranda
📌 Liliana Bitar
📌 Wilmer… pic.twitter.com/nLXyK4OJAd— Sebastián Nohra (@SebastianNohra) November 6, 2025
Tal como aparece en el trino de Sebastián Nohra, los congresistas implicados serían Efraín Cepeda, Juan Pablo Gallo, Julio Castellanos, Katherine Miranda, Liliana Bitar, Wilmer Castellanos, Yamil Arana —actual gobernador de Bolívar—, Kelyn González, Juan Diego Echavarría y Wadith Manzur, todos señalados de tener algún tipo de relación con los contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
El documento también incluye a José Gnecco, Juan Carlos Garcés, Juliana Aray, Leonardo Rico, José Tejada, Juan Loreto Gómez, Daniel Carmona y Olga Lucía Velásquez. Todos ellos deberán ser objeto de indagación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que determinará si existen méritos suficientes para abrir procesos formales por presuntas irregularidades en la adjudicación de recursos y proyectos de infraestructura a través del Invías.
En ese material aparecen mencionados varios congresistas, entre ellos los antioqueños Juan Diego Echavarría y Julián Peinado, quienes habrían gestionado recursos para obras en municipios como San Pedro de los Milagros, Angelópolis, Envigado y Tarso. Según las cifras consignadas, los contratos superarían los $34.000 millones y estarían vinculados a proyectos de vías terciarias, pavimentación y construcción de placas huella.
El diario El Colombiano contactó a los dos congresistas para conocer su versión. Julián Peinado reconoció haber impulsado los proyectos para Envigado y Tarso, pero aclaró que solo el primero se ejecutó y que su apoyo no respondió a intereses políticos. Por su parte, Juan Diego Echavarría se remitió a los mismos fundamentos legales para justificar su actuación y prefirió no conceder una entrevista directa.
En Febrero se anunció la investigación a Congresistas
En febrero, la Fiscalía ya había entregado un primer listado de congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, como parte de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Ese documento, que también se desprendió de las declaraciones de María Alejandra Benavides —exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla—, señalaba una posible red de direccionamiento de recursos públicos a proyectos gestionados por parlamentarios en distintos municipios del país.
En ese momento, la compulsa de copias involucraba a varios de los mismos nombres que hoy aparecen nuevamente bajo la lupa judicial, lo que refuerza la hipótesis de una trama más amplia que habría operado en varias entidades del Estado. Benavides, considerada la testigo clave del caso, ha sostenido que desde el Ministerio de Hacienda se habrían emitido órdenes para favorecer a determinados congresistas mediante la adjudicación de contratos millonarios, a cambio de apoyo político.
La Corte Suprema deberá ahora unificar la información contenida en ambas listas y definir si existen conexiones entre los contratos del Invías y los proyectos previamente asociados a la UNGRD. De confirmarse los vínculos, el proceso podría escalar hacia una de las investigaciones más amplias de los últimos años sobre corrupción administrativa y tráfico de influencias en el Congreso colombiano.