La Universidad del Tolima tuvo que acudir a una salida de emergencia: contratar un crédito de libre inversión para pagar la nómina de sus empleados. La medida, que en cualquier empresa privada ya sería una señal de alarma, en una universidad pública evidencia el desfinanciamiento estructural que se agrava en todo el sistema de educación superior estatal.
El detonante inmediato es el mismo que enfrentan 34 universidades públicas del país: el Ministerio de Educación Nacional no ha girado los recursos correspondientes al primer pago de la política de gratuidad del semestre 2025-2. Así lo denunció el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Jairo Miguel Torres Oviedo, en una carta enviada el 20 de octubre al ministro José Daniel Rojas Medellín. El oficio advierte que, a punto de cerrar el mes, los fondos —que suman cerca de $998.544 millones— no han sido transferidos, generando “graves problemas de caja” en todas las instituciones.
“Estos recursos son esenciales para atender gastos de operación, especialmente las nóminas”, señala el documento, que pide un giro urgente y recuerda que la normativa obliga al Estado a transferir como mínimo el 80% del valor del semestre antes de iniciar las clases. La omisión, dice el SUE, no puede justificarse como un simple atraso administrativo: se trata del incumplimiento de leyes vigentes.
La situación en la Universidad del Tolima
Fuentes internas de la Universidad del Tolima confirmaron que la falta de liquidez llevó a la administración a tramitar un crédito de libre inversión, sin que se conozca el monto, con el único fin de cumplir con la nómina de octubre. Es una decisión sin precedentes recientes en la institución, y un reflejo de la asfixia financiera que atraviesan las universidades regionales.
Aún así, este medio de comunicación contacó a delegados de la Gobernación del Tolima ante el Consejo Superior Universitario, para ahondar en los detalles de esta situación, sin obtener respuesta alguna.
Acudir a un crédito de libre inversión para pagar salarios es una medida de emergencia. Implica que la entidad ha agotado sus fuentes normales de financiación, no dispone de flujo de caja y debe asumir costos adicionales en intereses para cumplir sus obligaciones laborales. En términos simples: es como pedir prestado para pagar el salario del mes siguiente.
Además, el riesgo no es solo financiero. Cuando una universidad depende del endeudamiento para pagar a sus empleados, se compromete su autonomía, su estabilidad contractual y su capacidad para sostener proyectos académicos, de investigación y bienestar estudiantil. Se rompe la base misma del principio de la universidad pública.
El marco legal incumplido
La Ley 30 de 1992 garantiza que las universidades públicas reciban cada año aportes del Presupuesto Nacional y territorial que crezcan en pesos constantes. A esto se suman normas más recientes, como la Ley 2155 de 2021 —que institucionalizó la política de gratuidad— y la Ley 2307 de 2023, que estableció nuevas reglas de financiación para la educación superior.
En conjunto, estas leyes obligan al Estado a transferir los recursos en tiempos y montos definidos. Sin embargo, a finales de octubre los giros no se habían efectuado. El oficio del SUE recuerda que el atraso afecta la sostenibilidad de todo el sistema y vulnera derechos constitucionales, como el acceso a la educación y el cumplimiento de la función pública del Estado.
El Ministerio de Educación ha guardado silencio frente a las advertencias de los rectores. Mientras tanto, la Universidad del Tolima —con sus compromisos laborales al día solo gracias a un crédito— se convierte en símbolo de un problema nacional.
La Contraloría ya lo había advertido
El informe publicado por la Contraloría General de la República en mayo de 2025 expuso que las universidades públicas del país enfrentan una “situación crítica de sostenibilidad fiscal y pensional”. Solo en tres instituciones —Nacional, Antioquia y Valle— los pasivos pensionales superan los $8,3 billones.
El ente de control advirtió que el retraso en los giros del Gobierno agrava la situación, porque impide planificar gastos, deteriora la calidad de los servicios y obliga a las universidades a recurrir a endeudamiento o a retrasar pagos a proveedores. Lo que ocurre hoy con la Universidad del Tolima encaja perfectamente en ese diagnóstico.
El caso de la Universidad del Tolima no es un hecho aislado. La Universidad de Antioquia también tuvo que acudir este año a créditos de emergencia y fue sometida a vigilancia especial del Ministerio de Educación por su déficit proyectado de $180 mil millones. Lo mismo ocurre en instituciones de la Costa y el Eje Cafetero, donde los giros incompletos de gratuidad han dejado cuentas paralizadas.
Una crisis de Estado
El desfinanciamiento de la educación superior pública ha dejado de ser un asunto técnico. Lo que hoy ocurre con la Universidad del Tolima representa una falla estructural de política pública: universidades que dependen de préstamos para pagar salarios, estudiantes que estudian sin certeza presupuestal y un Estado que incumple sus propias leyes.
Mientras se discuten en el Congreso reformas a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para modernizar el sistema de financiación, la urgencia está en otro lugar: girar los recursos ya aprobados y cumplir la ley. Cada día de retraso agrava el hueco financiero y erosiona la confianza en la capacidad del Estado para sostener su propia red de universidades.
Hoy la Universidad del Tolima es el rostro visible de esa fractura. No se trata solo de un problema contable: es la muestra más reciente de que la educación pública, uno de los pilares de desarrollo regional, se sostiene —literalmente— a crédito.
