La crisis energética en Colombia volvió a ubicarse en el centro del debate nacional durante la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, donde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó uno de los diagnósticos más contundentes de los últimos años.
Su presidente, Frank Pearl, advirtió que el país enfrenta un deterioro acelerado en sus niveles de autosuficiencia debido al rezago exploratorio, la caída de reservas y el aumento constante de las importaciones de gas, factores que amenazan tanto la competitividad económica como la estabilidad fiscal.
ACP advierte grave crisis energética en Colombia por caída de reservas y falta de exploración
Pearl afirmó que 2025 cerrará con un promedio del 17 por ciento de la demanda nacional de gas cubierta con importaciones; según estimaciones del Gestor del Mercado, esta tendencia se profundizará si el país no reactiva la exploración de manera urgente.
La ACP advirtió que la disminución en inversión y actividad exploratoria ha llevado al país a un punto de inflexión; de los 282 contratos vigentes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solo 91 continúan en fase de exploración, una cifra que contrasta con décadas anteriores cuando el ciclo exploratorio permitía reponer ampliamente los recursos consumidos. Hace quince años, por cada diez unidades de gas utilizadas, Colombia lograba reponer trece; hoy apenas logra reponer 0,3 unidades por cada diez.
El gremio también recordó que desde 2022 no se adjudican nuevas áreas de exploración, lo que ha frenado la llegada de inversión y ha agravado la incertidumbre jurídica y operacional. La industria, según Pearl, se ha visto afectada por conflictos territoriales, bloqueos recurrentes, deterioro del orden público y retrasos en trámites ambientales que limitan la continuidad de los proyectos. En los últimos años, el país ha enfrentado un aumento del 151 por ciento en bloqueos y protestas; estas situaciones han provocado más de cuatro millones de barriles diferidos y cerca de 28 millones de dólares en regalías que no pudieron ejecutarse en las regiones.
Además del riesgo energético, la ACP alertó sobre un impacto fiscal considerable; con las reservas actuales y sin una reactivación de la exploración, Colombia no podrá sostener la producción de petróleo requerida para cumplir con las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Las proyecciones indican que el país podría dejar de recibir alrededor de 40 billones de pesos entre 2027 y 2035; estos recursos son esenciales para el financiamiento de inversión social, infraestructura, programas regionales y estabilidad fiscal. “Sin nueva exploración, no podremos mantener la producción necesaria para garantizar los ingresos de la Nación; estamos ante un reto que compromete el crecimiento, la seguridad energética y el bienestar de millones de colombianos”, señaló Pearl.
El presidente de la ACP recalcó que, a pesar de los debates sobre transición energética, el petróleo y el gas continúan siendo fundamentales para el país; solo en 2024, el sector representó el 16 por ciento de la inversión extranjera directa y el 30 por ciento de las exportaciones nacionales. La industria aportó el 4 por ciento del PIB, equivalente a 70 billones de pesos; además, entregó 43 billones en aportes fiscales y 8,2 billones en regalías.
La cadena de valor energética generó más de 360.000 empleos al año y más de 173 billones de pesos en compras a proveedores colombianos entre 2020 y 2024; la industria también impulsó proyectos sociales superiores a medio billón de pesos anuales y destinó 1,4 billones en obras por impuestos entre 2018 y 2024.
Pearl recordó que los hidrocarburos seguirán suministrando más del 50 por ciento de la energía mundial hasta 2050; agregó que el mundo necesitará más de 100 mil millones de barriles de nuevas reservas entre 2030 y 2050. “La transición energética no significa eliminar el petróleo y el gas, significa complementar la matriz con nuevas fuentes; el país necesita entender que la energía es la base del desarrollo”, afirmó.
La ACP presentó una agenda de crecimiento que busca recuperar la autosuficiencia energética y fortalecer el desarrollo territorial; el primer pilar es el crecimiento energético, que incluye la reactivación de la exploración, la adjudicación de nuevas áreas, el impulso a proyectos offshore y de yacimientos no convencionales, la estabilidad regulatoria y fiscal, así como un licenciamiento ambiental ágil y predecible.
El segundo pilar es el crecimiento económico, que propone aprovechar la riqueza energética para diversificar la economía regional, fortalecer los encadenamientos productivos, impulsar fondos de innovación y competitividad y aumentar la capacidad de las regiones para formular y ejecutar proyectos de regalías.
El tercer pilar es el crecimiento social y ambiental, centrado en el ordenamiento territorial concertado, la inversión social participativa, la construcción de proyectos compartidos entre comunidades, empresas y autoridades, y el mantenimiento de una gestión ambiental rigurosa y transparente.
Frank Pearl cerró su intervención insistiendo en que Colombia debe construir una hoja de ruta energética para el periodo 2026 a 2050; esta debe basarse en evidencia técnica, cooperación entre el Estado, las comunidades y la industria, y una visión de largo plazo que permita garantizar el abastecimiento.
“El país no puede seguir discutiendo sobre si avanzar; debe decidir cómo hacerlo. Con energía hay futuro”, concluyó.
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