Colombia firmó recientemente un contrato por 17 aviones Gripen E/F de la sueca Saab, por un valor de 16,5 billones de pesos, una cifra récord para la modernización militar del país. La adquisición llega después de más de una década de aplazamientos, debates y advertencias sobre el desgaste crítico de la flota de Kfir. Sin embargo, la discusión que domina hoy no es si el país necesitaba nuevos cazas, sino el precio pagado y la oportunidad perdida de haber tomado esta decisión en un momento más favorable.
Aunque el Gripen es un caza moderno y versátil, no pertenece a la categoría de quinta generación. Aun así, Colombia está pagando por cada unidad un valor que, dividido proporcionalmente, ronda los US$ 210–215 millones, esto lo ubica peligrosamente cerca del costo de aeronaves más avanzadas como el F-35, cuya producción masiva y acuerdos recientes han reducido el precio a niveles comparables. En contraste, Saab ha ofrecido previamente el Gripen en rangos base que oscilan entre US$ 110 y 120 millones por unidad, dependiendo del paquete de armas, entrenamiento y soporte. La diferencia es evidente y alimenta el debate: ¿por qué Colombia está pagándolo como si fuera un avión de otra categoría?
Además, en medio del Dubai Air Show, donde múltiples países renegocian y cierran compras en condiciones competitivas, las comparaciones se vuelven inevitables. Algunos países han adquirido versiones del Gripen por valores muy inferiores, con acuerdos más amplios o flotas más grandes. Para analistas y observadores, esto evidencia que Colombia pudo haber accedido a un mejor trato si la decisión se hubiera tomado hace años, cuando el entorno geopolítico, la tasa de cambio y el mercado de defensa eran más favorables.
A esa discusión se suma un elemento técnico clave, el Gripen nunca ha sido probado en un conflicto real. Aunque se trata de un sistema robusto, eficiente y reconocido por su costo operativo relativamente bajo, carece del historial de combate que sí poseen aeronaves como los F-16 Block 70, los Rafale, los Typhoon (Eurofighter) o los mismos F-15. Esa experiencia, para un país con amenazas internas persistentes y un vecindario geopolítico complejo, no es un factor menor.
Este medio de comunicación lleva más de diez años insistiendo en la urgencia de renovar la flota aérea. Ya desde el segundo gobierno de Juan Manuel Santos era evidente que los Kfir se aproximaban peligrosamente al límite de su vida útil. Pero ese periodo coincidió con la etapa más intensa del proceso de paz y hablar de aviones de combate parecía políticamente inconveniente. Fue una decisión costosa: posponer la compra no sólo deterioró las capacidades de la Fuerza Aérea, sino que encareció inevitablemente cualquier adquisición futura.
Con la llegada del gobierno de Iván Duque, la necesidad era todavía más apremiante. Hubo estudios, viajes, comisiones y anuncios, pero al final no se concretó nada. El temor a la crítica política y al costo reputacional de comprar aviones en un país con demandas sociales crecientes llevó a un nuevo aplazamiento, lo que fue otro error estratégico, el tiempo siguió corriendo, el peso siguió devaluándose y el mercado internacional aumentó su presión armamentista tras el inicio de nuevos conflictos globales.
Entonces llegó Gustavo Petro al poder. Como opositor, había criticado duramente la compra de aviones de combate; ya como presidente, reconoció la gravedad del deterioro de la flota y procedió con la adquisición. Aunque la decisión era inevitable porque los Kfir literalmente ya no pueden seguir volando con seguridad, el costo resulta hoy mucho más alto que si se hubiese actuado cuando se debía. Los aviones llegarán, si no hay retrasos, a partir de 2028. Eso significa que Colombia habrá pasado más de una década operando aeronaves al borde de su límite, mientras compromete recursos enormes para una entrega demasiado tardía.
Además, 17 aviones no conforman un ala de combate completa, y expertos señalan que Colombia debería aspirar a un mínimo de 22 aeronaves para garantizar una capacidad adecuada de disuasión. Otros defensores de alternativas subrayan que, con acuerdos previos con Estados Unidos, el país pudo haber accedido a F-16 nuevos o modernizados, incluso con posibilidades de recibir algunas unidades en condiciones preferenciales. También se han mencionado plataformas más robustas para misiones específicas, como el A-10 Thunderbolt, especialmente útil para operaciones en terrenos montañosos y misiones de apoyo cercano.
La compra del Gripen no es en sí misma el problema. Lo discutible es el precio, la demora y las decisiones políticas que llevaron al país a pagar más por recibir menos y más tarde. Lo que debería ser una decisión estratégica terminó siendo el resultado de años de indecisión, cálculos políticos y prioridades equivocadas.
Ahora queda por ver si esta inversión se traducirá realmente en una mejora sustancial de la defensa aérea o si, como tantas veces en Colombia, será el punto de partida de un nuevo debate sobre sobrecostos, retrasos y falta de planificación. Lo urgente, sin embargo, es que la Fuerza Aérea reciba cuanto antes una flota moderna, operativa y segura. Porque la seguridad aérea del país ya ha pagado un precio alto por las decisiones que no se tomaron a tiempo.
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