La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y ANIF revelaron un estudio clave para entender los retos financieros que enfrenta el país en materia de infraestructura de transporte. El documento, presentado en el marco del XXII Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, advierte que Colombia necesita asegurar fuentes adicionales y complementarias de recursos para cumplir las metas del Plan Maestro Intermodal y cerrar la brecha acumulada en vías primarias, secundarias y terciarias.
El país requiere $19 billones anuales entre 2023 y 2035 para completar el plan carretero priorizado y no priorizado, y $5,6 billones adicionales para atender la malla vial terciaria. Para el periodo 2036-2045, la demanda estimada es de $11,9 billones anuales para obras en vías primarias y secundarias, y $6,7 billones para las terciarias. En suma, una necesidad sostenida de inversión que los mecanismos actuales no logran cubrir.
¿Cómo fortalecer el financiamiento de infraestructura?
El informe señala que, aunque la Ley 1508 permitió grandes avances y movilizó inversiones privadas a través de las APP, las herramientas existentes —peajes, vigencias futuras, explotación comercial o impuestos locales— no son suficientes para atender la demanda creciente. Ante ello, la CCI y ANIF plantean cuatro recomendaciones prioritarias.
1. Ampliar el mecanismo de obras por impuestos
El estudio destaca el éxito del mecanismo actual, con 409 proyectos ejecutados entre 2018 y 2024 por cerca de 210 empresas. Sin embargo, también identifica problemas de estructuración, sobrecostos y falta de esquemas que garanticen mantenimiento posterior a la obra.
Por ello, propone una expansión del modelo hacia lo que denomina “Obras por impuestos futuros”, una figura que permitiría comprometer parte de las obligaciones tributarias próximas de las empresas para financiar proyectos estratégicos, operando bajo una lógica similar a las vigencias futuras.
Además, se sugiere que estas obras puedan ejecutarse en zonas distintas a las Pdet y Zomac, ampliando su alcance territorial.
2. Utilizar regalías para proyectos regionales y nacionales
ANIF y la CCI plantean que las regalías no deben seguir fragmentándose únicamente en obras locales. En cambio, los recursos podrían concentrarse en corredores logísticos, troncales estratégicas o proyectos de alto impacto, lo que generaría beneficios regionales y una mayor eficiencia.
La experiencia reciente de “Obras por regalías” —como la placa huella construida en San Benito Abad (Sucre)— demuestra su potencial, aunque también expuso retos graves: trámites burocráticos, falta de coordinación interinstitucional y ausencia de lineamientos claros.
3. Concurrencia de fuentes: combinar herramientas para proyectos grandes
El estudio indica que la concurrencia no es una fuente nueva, sino un enfoque que combina varios mecanismos al mismo tiempo, como APP, regalías, valorización o vigencias futuras. Según ANIF, este enfoque es indispensable para financiar obras de gran magnitud que ningún instrumento puede cubrir de manera individual.
Sin embargo, para que funcione se deben superar barreras legales y operativas que hoy impiden la integración simultánea de recursos públicos y privados.
4. Actualizar la Contribución Nacional de Valorización
La valorización ha sido subutilizada, en parte por deficiencias estructurales: bases catastrales débiles, baja capacidad técnica territorial y poca claridad sobre cómo calcular beneficios y obligaciones tributarias.
El estudio recomienda modernizar el marco legal, mejorar la calidad de la información catastral, establecer reglas claras de liquidación y fortalecer la institucionalidad local. Bogotá aparece como un ejemplo de buena aplicación, mientras que su uso nacional sigue siendo limitado.
Un llamado urgente para asegurar la conectividad del país
El estudio concluye que, sin una actualización del modelo de financiamiento, Colombia no podrá cumplir las metas del PMTI ni avanzar en la reducción de brechas regionales. La convergencia de fuentes, el uso eficiente de regalías, la ampliación de obras por impuestos y la actualización de la valorización son, según la CCI y ANIF, pasos indispensables para garantizar la sostenibilidad del sector en la próxima década.
