Asofondos y Fasecolda encendieron las alertas frente al nuevo proyecto de decreto del Gobierno Nacional que modificaría las reglas del sistema pensional, especialmente en lo relacionado con el deslizamiento del salario mínimo. Según los gremios, el cambio tendría efectos adversos sobre la capacidad de pensionarse de millones de trabajadores, comprometería el futuro del seguro previsional y aumentaría los costos para la Nación en los próximos años.
Gremios Asofondos y Fasecolda alertan que un nuevo decreto del Gobierno pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional
El punto central de la controversia es la modificación al mecanismo que garantiza que las pensiones de las personas más vulnerables crezcan a la par del salario mínimo. Este “deslizamiento”, que ajusta anualmente el valor de las mesadas, combina tres componentes: inflación, productividad y un factor político del Gobierno. Actualmente, los ahorros y la rentabilidad de los afiliados cubren los primeros dos, mientras que el Estado asume el tercero, dado que es una variable discrecional e inasegurable.
Los gremios sostienen que el proyecto de decreto trasladaría parte de ese componente discrecional a los futuros pensionados, elevando el capital que deben reunir para acceder a una renta vitalicia. De acuerdo con estimaciones del sector, los trabajadores tendrían que aportar cerca de un 30% más para alcanzar una pensión mínima de por vida. En consecuencia, menos colombianos lograrían pensionarse y quienes lo hagan podrían recibir montos significativamente menores.
Riesgos para la sostenibilidad del sistema
Uno de los aspectos que más preocupa a Asofondos y Fasecolda es la posible inviabilidad del seguro previsional, instrumento clave para garantizar pensiones en casos de invalidez y sobrevivencia. Actualmente, cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) dependen de esta póliza para estar protegidos ante un accidente, enfermedad grave o fallecimiento del principal cotizante.
Los gremios advierten que si el Gobierno deja de asumir por completo la parte discrecional del ajuste salarial, el costo del seguro previsional aumentaría sustancialmente. Esto, según sus análisis, desincentivaría a las aseguradoras a ofrecer el producto y podría dejar sin protección a millones de afiliados. “Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto incremento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Para los trabajadores que buscan una pensión por invalidez o para las familias que dependen de una pensión de sobrevivencia, el cambio representaría la pérdida de una capa esencial de protección. Los gremios sostienen que el decreto, tal como está planteado, tendría un efecto regresivo al reducir el nivel de cobertura y seguridad del sistema.
Un golpe para quienes buscan pensionarse por ahorro suficiente
En el sistema actual, miles de personas logran pensionarse sin cumplir las semanas requeridas, pero con un capital acumulado suficiente para solicitar una renta vitalicia. Este mecanismo ha sido clave para que trabajadores con trayectorias laborales intermitentes o informales accedan a una pensión mínima.
Sin embargo, con el incremento del capital exigido que resultaría de la modificación al deslizamiento del salario mínimo, este camino se volvería casi imposible para muchos. Los análisis de Asofondos y Fasecolda muestran que el proyecto encarecería de manera sustancial el monto de ahorro necesario para pensionarse, dejando a un número importante de trabajadores sin una alternativa viable.
“Con esta medida, las personas tendrán mayor dificultad para acceder a una pensión mínima vitalicia”, afirmó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. “Menos trabajadores podrían gozar de una pensión de por vida”.
El impacto fiscal para la Nación
Más allá de los efectos sobre los futuros pensionados, el decreto también podría trasladar cargas significativas al Estado. La Constitución establece que la Nación debe garantizar las pensiones de invalidez y sobrevivencia cuando no exista un aseguramiento viable. Si el seguro previsional deja de ofrecerse como advierten las aseguradoras, el Gobierno tendría que asumir directamente estas obligaciones.
De acuerdo con cálculos de los gremios, la medida implicaría una obligación fiscal cercana a los 2 billones de pesos en promedio durante los primeros diez años. Aunque en el corto plazo el cambio podría aliviar algunas presiones fiscales, a mediano plazo representaría un impacto financiero mayor para las arcas públicas.
“Además de afectar a los trabajadores, la Nación tendrá mayores obligaciones financieras”, recalcó Velasco. “Estos recursos podrían destinarse a programas solidarios como Colombia Mayor u otras necesidades sociales prioritarias”.
Gremios piden diálogo técnico
Ante este panorama, Asofondos y Fasecolda pidieron al Gobierno abrir espacios de discusión técnica para analizar las implicaciones del decreto. Sostienen que cualquier modificación al sistema pensional debe evaluarse de forma integral, evitando regulaciones aisladas que desconozcan la interdependencia de sus componentes.
“Resulta indispensable evaluar el impacto desde una perspectiva sistémica”, insistió Morales. Los gremios buscan que el Ministerio de Hacienda revise junto a ellos los posibles efectos adversos antes de emitir la norma.
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