La reciente postura de la exsenadora María del Rosario Guerra frente a la actuación de la Corte Constitucional merece ser tomada en cuenta para un debate serio y necesario sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia.
Con todo el respeto que implica referirse a una alta corte, resulta legítimo cuestionar el mensaje que se envía al país cuando buena parte del aparato judicial entra en vacancia justo en momentos en los que se adoptan decisiones de enorme impacto nacional; si bien es claro que los funcionarios judiciales tienen derecho a sus vacaciones, como cualquier trabajador, lo que debe replantearse es que la justicia, como institución, prácticamente se detenga.
Ningún poder del Estado debería quedar en pausa; ya se ha visto cómo estas vacancias se convierten en incentivos perversos, pues hay quienes se aprovechan de ese vacío temporal para tomar decisiones premeditadas, sabiendo que durante semanas no habrá control efectivo.
En este contexto, resulta llamativo conocer que existiría un decreto que impediría a la Corte sesionar en salas extraordinarias; es un punto que debe investigarse y aclararse con rigor, porque durante días la expectativa pública era que el alto tribunal evaluara, al menos de manera cautelar, el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno; si efectivamente existe una limitación normativa, la situación es aún más grave, pues el país quedaría prácticamente sin control constitucional durante casi dos meses.
No puede aceptarse que, porque la Corte esté en vacancia, un presidente, sea quien sea, tenga vía libre para adoptar medidas que podrían afectar profundamente las finanzas públicas; el control llegaría tarde, cuando el daño ya esté hecho y los colombianos podrían haber perdido millones de pesos en impuestos, presuntamente de manera ilegal.
Es cierto que en derecho se presume la buena fe y la legalidad de los actos administrativos; sin embargo, en este caso resulta difícil sostener esa presunción cuando el decreto no cumple con uno de los requisitos esenciales para declarar una emergencia económica, la existencia de un hecho sobreviniente, fortuito e imprevisible.
Para que los ciudadanos lo entiendan con claridad, basta comparar esta situación con la pandemia; durante el gobierno de Iván Duque, la emergencia económica fue aceptada porque el COVID-19 era un hecho imposible de prever; en el caso actual, la crisis fiscal no solo era conocida, sino que ha sido advertida durante meses y, en buena parte, es consecuencia de decisiones del propio Gobierno.
Por eso, más allá de este caso puntual, el país necesita una discusión de fondo; la justicia no puede salir a vacaciones como sistema; no se trata de negar derechos laborales, sino de establecer esquemas de reemplazos, nóminas de transición o turnos escalonados que garanticen continuidad institucional; así como no se cierran hospitales ni se suspende la atención médica porque médicos y enfermeras salen a vacaciones, la justicia tampoco puede apagarse.
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