La propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, impulsada desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro y respaldada por un proyecto de ley ya radicado, abrió un nuevo frente de discusión sobre el rumbo económico del país y, en particular, sobre el papel que debe cumplir el Banco de la República dentro del diseño institucional colombiano.
El documento plantea que el país necesita una transformación estructural de su modelo económico, con un mayor protagonismo del Estado en sectores estratégicos, un rediseño del aparato productivo y una revisión de las reglas que hoy rigen la política monetaria y financiera. En ese marco, la independencia del banco central, uno de los pilares de la Constitución de 1991, vuelve a quedar bajo análisis.
Propuesta de Asamblea Constituyente plantea cambios al modelo económico y al Banco de la República
La iniciativa sostiene que Colombia debe dejar atrás un modelo basado en actividades extractivas y rentistas para avanzar hacia una economía más diversificada, apoyada en esquemas mixtos en los que el Estado no solo actúe como regulador, sino también como actor directo en áreas clave del desarrollo. Esto implicaría cambios en la arquitectura institucional que hoy limita la intervención estatal en la economía.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la referencia explícita a la necesidad de revisar el funcionamiento del Banco de la República, así como de fortalecer la banca pública y alinear la política monetaria con una estrategia de desarrollo productivo. La propuesta sugiere que las decisiones del sistema financiero y monetario deben contribuir de forma más directa a objetivos como la generación de empleo, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad.
Desde el Gobierno se argumenta que una eventual Constituyente permitiría ajustar el marco constitucional para que las instituciones económicas estén mejor articuladas con los fines sociales del Estado. Bajo esa lógica, la autonomía técnica del Banco de la República no desaparecería, pero sí podría ser complementada con nuevos mandatos que obliguen a la entidad a considerar variables distintas al control de la inflación.
Actualmente, la Constitución define al Banco de la República como la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país, con el encargo principal de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, también establece que sus funciones deben ejercerse en coordinación con la política económica general, una fórmula que ahora es interpretada por el Gobierno como una puerta para ampliar su campo de acción.
El debate no se limita al banco central. El proyecto de convocatoria a la Constituyente propone un Estado con mayor capacidad para intervenir en la economía, garantizar la provisión directa de servicios públicos estratégicos y orientar la actividad productiva hacia metas como la industrialización, la transición energética y el desarrollo regional.
En paralelo, el Comité de Impulso de la Constituyente, que presentó su propio proyecto de ley, justifica la iniciativa en lo que denomina un “bloqueo institucional” que, a su juicio, impide la materialización plena del Estado social de derecho. Según su diagnóstico, el país atraviesa una crisis social y política comparable a la de comienzos de los años noventa, marcada por la persistencia de la desigualdad, la debilidad en la garantía de derechos y la falta de confianza en las instituciones.
El comité también plantea que el proceso constituyente debería servir como un escenario de reconciliación nacional, en un contexto de violencia persistente asociada a economías ilegales y conflictos armados. Además, propone que la nueva Carta Política tenga un enfoque de defensa de la soberanía y de integración latinoamericana, en respuesta a un entorno internacional que considera cada vez más tenso.
Mientras tanto, la discusión sobre el Banco de la República y el modelo económico ya empieza a generar atención en los mercados y en los sectores productivos, que ven con cautela la posibilidad de cambios en las reglas de juego. La propuesta de Constituyente, más allá de su viabilidad política y jurídica, ha puesto en el centro del debate una pregunta de fondo: hasta dónde debe llegar la autonomía de las instituciones económicas en un país que busca redefinir su rumbo de desarrollo.