El Gobierno Nacional decretó un aumento del salario mínimo del 23,8 % para el 2026, llevándolo a alrededor de 2 millones de pesos mensuales, incluido el auxilio de transporte. Esta decisión representa el ajuste más alto en la historia reciente de Colombia, mucho más allá de las cifras técnicas que sugieren la suma de inflación y productividad como referencia. 
Ventajas claras: dignidad y poder adquisitivo
Desde una óptica social, un alza tan pronunciada tiene efectos positivos indiscutibles:
•Mejora nominal de ingresos: para millones de trabajadores formales que devengan el salario mínimo, este aumento significa más recursos para cubrir necesidades básicas.
•Reducción de desigualdades visibles: un incremento así intenta acercar los ingresos al mínimo “digno”, con miras a mitigar brechas de ingreso y condiciones de vida. 
Este tipo de incrementos responde a una lógica redistributiva: se prioriza el ingreso de los trabajadores con menores salarios, la mayoría de los cuales enfrentan costos de vida crecientes año tras año.
Riesgos económicos: inflación, productividad y empleo
Sin embargo, al mirar el panorama con lentes técnicos, el incremento también conlleva riesgos reales:
•Desfase respecto a productividad: las cifras técnicas convencionales —sumando inflación y productividad— sugerían un aumento cercano a 6–7 %, cifra muy por debajo del 23 % decretado. 
•Inflación más alta a futuro: entidades como Asobancaria han advertido que un salario mínimo “desbordado” puede añadir presión inflacionaria, especialmente en precios y servicios indexados al salario mínimo, y puede limitar la capacidad del Banco de la República para reducir tasas de interés. 
•Impacto en empleo formal e informalidad: si bien no todos los estudios encuentran efectos dramáticos sobre la creación de empleo, voces como la del exministro José Antonio Ocampo señalan que en un país con alta informalidad, un aumento desproporcionado puede limitar empleo formal y desplazar trabajadores hacia la informalidad, donde no se perciben beneficios del ajuste. 
Además, estudios económicos y análisis de gremios y centros de investigación han cuestionado que un aumento de doble dígito en el salario mínimo pueda ser sostenido sin una mejora significativa en la productividad laboral, de la cual depende la competitividad empresarial. 
Dilema fiscal y polarización
No es menor que esta decisión se tome en un contexto político cargado, con acercamientos a elecciones y un debate público polarizado. Muchos sectores interpretan el ajuste como una apuesta arriesgada del Gobierno: por un lado, se celebra como una conquista social; por otro, se critica como una medida que prioriza impactos mediáticos sobre sostenibilidad macroeconómica. 
Este contexto no invalida la medida, pero sí explica por qué divide opiniones y sectores: los trabajadores formales ven un avance, mientras que algunos empresarios y analistas advierten sobre los efectos colaterales.
Efectos en vivienda: VIS y VIP bajo la lupa
Uno de los efectos menos discutidos pero de alto impacto social es el que el alza del salario mínimo tiene sobre la vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Prioritario). En Colombia, los topes máximos de estos programas se calculan en función del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV).
Con el nuevo salario mínimo:
•El valor máximo de una VIS puede aumentar hasta cerca de $262 millones, frente a cerca de $213 millones con el SMLV anterior —es decir, casi $49 millones adicionales en el tope máximo. 
•Este efecto se replica en la VIP y otros programas indexados al SMLV.
Este fenómeno tiene consecuencias directas: quienes adquirieron vivienda en planos o están en proceso de escrituración verán aumentar el valor de su inmueble, de las cuotas mensuales y de los requisitos para créditos hipotecarios. Esto podría poner en riesgo el sueño de la casa propia, especialmente para hogares de ingresos medios y bajos. A su vez, la industria constructora enfrenta presiones de costos laborales que se encarecen, afectando sus márgenes y su capacidad de iniciar nuevos proyectos. 
La cuestión de si el Gobierno debería intervenir para “desindexar” los topes de vivienda del salario mínimo o regular las constructoras aun no se ha resuelto —y, de hecho, se discute si sería legal o incluso viable. 
Un equilibrio difícil de alcanzar
Este aumento del salario mínimo no puede ser visto solo como una conquista social ni simplemente como un riesgo económico. Es, más bien, un ejercicio de equilibrio en un país con desafíos estructurales: informalidad elevada, productividad estancada, inflación persistente y una economía que busca crecer en medio de tensiones políticas.
Para que un aumento de este tipo sea sostenible tanto para trabajadores como para empresarios, se necesitaría complementar con políticas que:
•Impulsen la productividad laboral y empresarial,
•Reduzcan cargas tributarias o regulaciones que encarecen el empleo formal,
•Fortalezcan mecanismos de crédito y acceso a vivienda sin depender solo del SMLV.
Este no es un llamado a una postura particular, sino a reconocer que las medidas económicas de gran impacto deben ir de la mano con estrategias más amplias que favorezcan la sostenibilidad y la inclusión tanto social como económica.
Por: Juan Nicolás Pérez Torres – @nicolas_perez09