El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir actuaciones preventivas y disciplinarias para vigilar la conducta de altos funcionarios del Gobierno que vienen promoviendo públicamente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en un momento en el que ya comenzó el ciclo preelectoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Juan Carlos Pinzón pide investigar posible participación en política de altos funcionarios por impulso a una Constituyente
En una comunicación dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, Pinzón manifestó su preocupación por lo que considera un posible uso indebido de los cargos públicos con fines políticos. Según expuso, el pasado 26 de diciembre fue inscrito un comité promotor de una Constituyente que ha sido respaldado y defendido por ministros y altos funcionarios del Ejecutivo, lo que, a su juicio, plantea dudas sobre el respeto a la neutralidad que deben observar los servidores del Estado.
Para Pinzón, la coincidencia entre la promoción de una reforma constitucional de esta magnitud y el inicio del calendario electoral no es un asunto menor. En su criterio, estas actuaciones podrían afectar la igualdad de condiciones entre las distintas fuerzas políticas y poner en riesgo la transparencia del proceso democrático. De hecho, advirtió que impulsar una Constituyente desde el Gobierno en este contexto podría alterar de manera significativa la equidad de la contienda y la libertad del voto.
El exministro recordó que la Constitución establece límites claros a la participación política de los funcionarios públicos. En particular, citó el artículo 127, que prohíbe a los servidores del Estado utilizar su cargo para presionar a los ciudadanos o intervenir en controversias políticas antes de una elección. A ello se suma, según señaló, la Directiva 013 de 2025 de la Procuraduría, que refuerza estas restricciones y advierte sobre el uso de recursos, bienes e infraestructura pública con fines proselitistas.
Con base en ese marco jurídico, Pinzón formuló tres solicitudes puntuales al Ministerio Público. La primera es que se evalúe si la conducta de los funcionarios que impulsan la Constituyente configura una participación indebida en política. La segunda es que la Procuraduría emita un pronunciamiento institucional que aclare los límites de actuación de los servidores públicos frente a iniciativas de reforma constitucional en periodos preelectorales. Y la tercera es que se ejerza una vigilancia estricta para evitar que se utilicen recursos del Estado con fines políticos.
A su juicio, la defensa de la Constitución y de la neutralidad del Estado no responde a intereses partidistas, sino a una obligación institucional. Por ello, sostuvo que la Procuraduría debe actuar con firmeza para impedir que el aparato público sea utilizado para inclinar el escenario electoral.
Sobre la eventual convocatoria de una Constituyente, Pinzón señaló que las reformas constitucionales hacen parte de la vida democrática de los países, pero advirtió que impulsarlas por motivaciones políticas o como mecanismo para preservar el poder, de manera directa o indirecta, representa un riesgo serio para la estabilidad democrática del país.
“Defender la Constitución, la neutralidad del Estado y las reglas de la democracia no es un
asunto ideológico, es una obligación institucional. La Procuraduría está llamada a actuar con firmeza para garantizar que ningún funcionario utilice su cargo para inclinar el escenario electoral”, concluyó Pinzón.
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